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ESCENARIO DE PARTIDA

Luego del pronunciamiento soberano del 7 de mayo, la izquierda se reafirma en el gobierno para continuar su tarea al frente de los destinos departamentales. La contundente respuesta popular, sin embargo, genera esta vez un escenario sustancialmente distinto al del período anterior, no sólo en el ámbito departamental, sino también en el nacional. La consolidación del partido de gobierno en un segundo período crea extraordinarias condiciones para promover el diálogo con el conjunto de los partidos políticos y actores sociales y para acordar una serie de temas de la agenda pública, aún ante la existencia de visiones distintas.

En estos primeros 100 días, la principal apuesta del gobierno ha sido –y lo es aún- la búsqueda del diálogo. Es un escenario que hay que administrar con firmeza, pero a la vez con serenidad y modestia. Hoy la izquierda interpreta a la mayoría de la sociedad, y es necesario consolidar ese respaldo para asegurar el acuerdo con el espectro político y las fuerzas sociales. Es decir, con el sistema político, pero también con el amplio abanico de actores culturales, sociales y económicos, a través de los espacios consultivos como el Consejo de Cultura, el Consejo de Políticas Sociales, el Consejo de Turismo y los emprendimientos público-privados como Aprotur o Destino Punta del Este. Esto permitirá generar las condiciones para establecer una relación institucional de nuevo tipo.

La creación del tercer nivel de gobierno, con la instalación de ocho municipios con sus respectivos alcaldes, crea a su vez un escenario de dialogo diferente de corte transversal. Los tres principales partidos tienen representación en estos municipios, y el próximo presupuesto deberá ser fruto del acuerdo entre ellos. Ningún partido tiene derecho a aspirar a satisfacer las legítimas demandas del municipio que le toca gobernar, a costa de acordar sólo recursos y olvidarse de su financiación, y sin mirar el resto del departamento.

Esta es la línea de razonamiento ineludible, sin la cual el diálogo no tiene sentido. De no ser así, se podría reproducir el fenómeno que se dio en 2008 en la Adecuación Presupuestal, cuando la oposición votó una serie de inversiones y gastos pero no los recursos necesarios para solventarlos. Quienes así actuaron, hoy no pueden hacer seriamente una crítica del déficit fiscal de la Intendencia.

El elemento diferenciador de este segundo gobierno es que encuentra a un partido de gobierno más entusiasmado con el programa común, con más márgenes para los acuerdos, y con su bancada en la Junta Departamental ubicándose como la columna vertebral en el debate con los partidos de la oposición. Hoy existen reales posibilidades de concretar acuerdos con blancos y colorados, con quienes, más allá de las legítimas diferencias, existen puntos de encuentro para recorrer el camino del progreso y el bienestar para el conjunto de la sociedad.

PRESUPUESTO PARA EL DESARROLLO

La instalación del segundo gobierno del Frente Amplio tiene como compromiso el cumplimiento de su programa, lo que plantea una serie de desafíos. En primer lugar y como eje central, la necesidad de asegurar el crecimiento económico y el desarrollo social con una más justa distribución de la riqueza. A esto se le agregan otros elementos que tienen que ver con las políticas de inclusión social, con la inclusión de la diversidad, con un modelo de descentralización en ciernes que contribuye a ampliar la participación ciudadana y a profundizar los procesos democráticos y democratizadores de la relación entre el Estado y la sociedad.

El cumplimiento del programa también trae aparejado intrínsecamente, la necesidad de continuar con el proceso de reestructura de la Intendencia en el marco de la Reforma Democrática del Estado, que posibilite volver más eficiente la estructura del Estado y acercarla a la población.

Para lograr estas metas, es necesario bajar a tierra este programa en términos presupuestales. La Agrupación de Gobierno comenzó a discutir, en términos políticos, una serie de definiciones acerca de la administración y gestión de los recursos y la prioridad que se les asignará. Un dato fundamental a tener en cuenta es que si el gobierno decidiera no aumentar el gasto, y solamente reeditar lo mucho realizado en el periodo pasado –cuando se pasó de un monto de inversión de 1.650 millones de pesos a 2.950 millones de pesos, un 78% de aumento de la inversión con respecto al anterior gobierno del Partido Nacional- no sería posible mantener los mismos niveles de déficit sino que por lo contrario éste aumentaría.
Esta situación resulta contradictoria con la demanda generalizada de seguir aumentando la inversión, algo que además es parte de la propuesta programática del Frente Amplio.

Diferentes actores políticos y sociales están de acuerdo en que es necesario abordar importantes obras de infraestructura, por ejemplo el Centro de Convenciones y Predio Ferial que exige una inversión departamental del orden de los 300 millones de pesos, financiables a través de un fideicomiso de tierras. También resulta fundamental, en el plan de inversiones, el segundo tramo de la perimetral, con un costo de otros 300 millones de pesos.

Otro tema absolutamente prioritario para esta administración es el de la vivienda. En el marco de un muy importante acuerdo con el Gobierno Nacional, será necesario destinar una importante cantidad de recursos departamentales, sumando otros 400 millones de pesos a lo ya destinado a este rubro durante el período anterior.

La discusión con la bancada de gobierno y la oposición en la Junta Departamental en torno a las ordenanzas de viviendas de interés social, incorpora el concepto de arquitecto de oficio como una contribución a la búsqueda de soluciones habitacionales. La voluntad del Ejecutivo es lograr normas que optimicen la utilización del suelo permitiendo más volumen de construcción en avenidas principales y centro de las ciudades.

RECURSOS PARA LOS CAMBIOS

La ciudadanía, a través del voto popular, ha dejado clara su voluntad de que estas obras son necesarias para Maldonado. El gobierno debe, por lo tanto, concretarlas, analizando con inteligencia y creatividad cuales serán las herramientas para llevar adelante estos desafíos, y para enfrentar otros problemas que Maldonado viene arrastrando desde hace tiempo. La necesidad de aumentar la inversión en 1.000 millones de pesos, asegurando un proceso económico de desarrollo social con una mejor y mayor redistribución de la riqueza, obliga al Gobierno Departamental a profundizar en la búsqueda de caminos que permita concretarlo.

Es en ese marco que se analiza la situación y las posibilidades que ofrecen las políticas tributarias. El departamento de Maldonado ha visto elevado sus valores inmobiliarios a partir de una serie de intervenciones urbanas: obras viales, recapado de calles, un nuevo sistema de recolección de los residuos, aumento en la cantidad de alumbrado y en la calidad del mismo. Y, por supuesto, por la promoción del destino turístico del departamento de Maldonado y particularmente de Punta del Este. Hubo una fuerte inversión que le agregó valor a la ciudad y a los destinos turísticos, que tuvieron como resultado concreto pasar de los 500 mil metros cuadrados de construcción en el quinquenio del último gobierno del Partido Nacional a 1.7 millón de metros cuadrados en el del Frente Amplio. Y que en iguales períodos, el turismo haya pasado de generar 500 millones de dólares anuales a 1.200 millones de dólares, superando la barrera de los 2 millones de turistas.

En síntesis, este conjunto de políticas de carácter nacional y departamental permitieron el aumento de la inversión, el aumento de la cantidad de turistas, el aumento del ingreso por concepto de turismo y la generación de empleo. Resulta razonable entonces que el sector que se ha visto más favorecido por estas inversiones contribuya a una más justa redistribución de la riqueza a través del ajuste gradual y en franjas de la contribución inmobiliaria.

El destino de este ajuste supondrá un refuerzo de las políticas de inversiones en obras públicas, en infraestructura, en calles, avenidas, alumbrado, en calidad de limpieza de la ciudad, en recuperación de la faja costera y en obras emblemáticas, así como en un cúmulo de políticas sociales con un fuerte acento en la vivienda. Es una apuesta fuerte a la redistribución de los recursos a través del proceso de descentralización: este segundo presupuesto participativo permitirá lograr que el crecimiento económico siga transformándose en desarrollo con un abanico de políticas sociales.

Más allá de pronunciamientos personales de algunos actores políticos, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Frente Amplio están aún analizando la propuesta en sus respectivas direcciones y no han tomado posición . Pero sin estos compromisos, resultará imposible asegurar metas y objetivos. Cabe recordar que Maldonado vivió una transformación importante en la década del ’90, con el primer gobierno del Partido Nacional, y esto fue posible gracias a los aumentos en la contribución inmobiliaria de la época, por cierto muy superiores a los que hoy se proponen. En aquel entonces se dispusieron aumentos entre el 100 y el 500%, cuando hoy los aumentos propuestos oscilan entre el 2 y el 20%.

RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL

¿Qué es lo que sucedería si aún estando de acuerdo con las metas y los objetivos no se dan los escenarios políticos de respaldo?
Desafectar la tierra para el fideicomiso requiere de una mayoría especial de 21 votos, y la bancada de gobierno sólo tiene 17, por lo que en la oposición recae la responsabilidad política en torno a este tema. El otro elemento necesario para sostener las inversiones es el del aumento por franjas de la contribución inmobiliaria, aunque en este caso con los votos del partido de gobierno sería suficiente.

Si estas dos medidas no fueran respaldadas por la oposición, ésta tendría que explicar a la opinión pública por qué –a través de los planteos de sus ediles en la Junta Departamental- está dispuesta a reclamar recursos para una serie de inversiones, pero no a generar las herramientas para su financiación.

En cambio si por el contrario, la oposición resuelve el respaldo a ambas medidas, constituiría una señal de responsabilidad institucional, y un planteo coherente respecto a lo que han reivindicando durante la campaña electoral y lo que hoy expresan acordar respecto a los proyectos estratégicos. El acuerdo político necesario para el presupuesto, por otra parte, se traduciría en una serie de políticas de estado cuya proyección trascenderá este período de gobierno. Sus beneficiarios serían en primer lugar, la ciudadanía del departamento, pero además sentaría las bases para una nueva etapa de colaboración institucional en torno a políticas de estado que el departamento de Maldonado requiere y la ciudadanía reclama desde hace años.

Al atravesar la barrera simbólica de los primeros 100 días de gobierno, es necesario ubicarse en este escenario porque es el que va a marcar la perspectiva del Maldonado de 2025. Sería una enorme irresponsabilidad que se impusiera una mentalidad electoralista, y esperar a un próximo gobierno. La ciudadanía exige que el sistema político con el conjunto de los actores sociales se pongan de acuerdo como un gesto inequívoco de responsabilidad institucional. Es un deber con las futuras generaciones.

MALDONADO DEL FUTURO

En el marco de estos primeros 100 días, es importante ubicar algunos temas que han estado en la opinión pública y particularmente impulsados por algunos medios. En primera instancia, este gobierno y su partido dan todas las garantías para investigar todo lo que sea necesario para seguir asegurando la transparencia. Este proceso de transparencia comenzó con el expediente electrónico y con otros mecanismos.

La vida mostró cómo las acusaciones que intentaron inculpar al gobierno pasado de situaciones irregulares fueron cayendo una a una. En este aspecto, el Gobierno puede expresar su serena tranquilidad de que se está avanzando por el camino correcto. No obstante, es necesario advertir que todas las investigaciones que se crean pertinentes realizar no van a paralizar la gestión y que la energía de la administración va a estar enfocada en la discusión presupuestal para el avance de Maldonado.

Por otra parte, no cabe duda que Maldonado es distinguido por los inversores por contar con reglas de juego claras, y que no hay ningún inversor extranjero que no identifique en este gobierno metodologías transparentes y garantía en los procesos. En esto se inscribe el plan de ordenamiento territorial y las normativas que se impulsaron en el período pasado.

Hoy existen enormes oportunidades para transformar al departamento de Maldonado en un centro de referencia en la región de congresos eventos y ferias, y lugar de referencia como ciudad universitaria, tratando de atraer no sólo a los estudiantes nacionales sino estudiantes de la región, en vista de la cercanía y el lugar estratégico donde se ubica Punta del Este. Se está trabajando duramente para que Maldonado sea un departamento donde se instalen polos logísticos y de gerenciamiento a distancia.

En ese sentido se trabaja empecinadamente para que Maldonado tenga capacidad y logística para la instalación de Parques Industriales. De la misma forma, se realiza permanentemente una fuerte apuesta en invertir en caminería rural y en infraestructura para seguir promoviendo el crecimiento de la principal cuenca de olivos, la producción de arándanos, de vid y la producción láctea.

Por otra parte, los recursos que se acordaron en el Congreso de Intendentes con el Gobierno Nacional y que están a consideración del Presupuesto Nacional son muy importantes y van a significar un incremento con respecto a lo recibido en el período pasado, que por cierto fue muy importante.


DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

¿Maldonado puede crecer económicamente sin atender los problemas sociales, las asimetrías como las relacionadas con la vivienda, el hábitat y los entornos urbanos? ¿Puede seguir desarrollándose sin crecer en las condiciones políticas y sociales, en la afirmación de todas las garantías individuales y colectivas, en el ejercicio de los derechos humanos en la más amplia acepción de ese término? ¿Maldonado está en condiciones de avanzar a través de acuerdos políticos y sociales en un proyecto que trasciende este periodo de gobierno y que mira hacia la perspectiva de 2025?

Maldonado está en óptimas condiciones para afrontar estos desafíos, porque Uruguay avanza como una gran locomotora y el departamento tiene capacidad y voluntad para acompañar la marcha. También es cierto que los tiempos para la toma de decisiones del Estado no son los mismos tiempos que tiene el sector privado y que la agilidad en los trámites y la eficiencia en actos complejos de gobierno tienen que tener una dinámica distinta.

Pero es innegable que existe una excelente sintonía entre el partido de gobierno y el Ejecutivo. Y que hay señales de diálogo de los partidos tradicionales con representación en la Junta Departamental. La vida dirá si estas señales se convierten en hechos concretos, en actos de gobierno que permitan llevar adelante un proyecto de departamento que no admite demoras.

Es necesario abordar esta nueva etapa desde una perspectiva de izquierda, con un Estado que tenga esqueleto y musculatura que posibiliten que Maldonado continúe creciendo como lo ha hecho en los últimos 5 años. Y es necesario que la riqueza generada se redistribuya con más justicia social, fomentando la inclusión con equidad.

Cuando se habla de una fuerte inversión en políticas sociales con un acento en la vivienda -que significa, además de la vivienda en sí, el entorno urbano, el hábitat, las actividades culturales, el deporte, el transporte, las oportunidades de entretenimiento, la accesibilidad a los distintos servicios públicos para las de diversas edades y con mirada de género-, se habla de un proceso de democratización que asegure avanzar decididamente hacia un proceso de inclusión con equidad.

Con equidad de género y entre personas de distintas generaciones, con profundización de políticas que efectivamente generen oportunidades de emancipación. Para eso, el Estado deberá garantizar la promoción y el ejercicio de los derechos para consolidar redes que generen mecanismos de protección contra fenómenos como la violencia doméstica y poder pensar políticas que borren las barreras para el acceso a los bienes y servicios públicos. Ninguna barrera material, biológica o cultural debe atentar contra la posibilidad de ejercer los derechos conquistados y todavía hay mucho que trabajar por los que aún deben ser conquistados.

APUNTES

El Gobierno del Frente Amplio va a dejar al déficit por debajo de lo que lo recibió. El déficit generado por gobiernos anteriores y heredado por el partido de gobierno en julio del 2005, proyectado a diciembre de 2010 alcanza una cifra de aproximadamente 1.000 millones de pesos. Cinco años después, está en aproximadamente 850 millones, es decir, un 15% menos. Esto se logró con una mejor gestión y no a partir de la rebaja del salario de trabajadores/as o de reducción de la inversión. Por el contrario, los trabajadores y trabajadoras tuvieron un aumento de su salario, al tiempo que crecieron sustancialmente las inversiones.

CENTRO DE CONVENCIONES

El Centro de Convenciones y Predio Ferial se va a poder concretar en la medida en que se consolide el acuerdo firmado entre la Corporación Nacional para el Desarrollo, la Intendencia Departamental, el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Economía y Finanzas. Necesita un aporte de la Intendencia del orden de los 300 millones de pesos. Esta obra constituye una suerte de buque insignia para la transformación de la industria turística, y una herramienta de generación de empleo. El Gobierno Departamental aspira a financiarlo a través de una herramienta que es el fideicomiso de tierras. Actores políticos y sociales ya han adelantado que están dispuestos a considerar este fideicomiso como una solución posible.

ENCUESTA FACTUM

Los resultados de una encuesta realizada por la consultora Factum en setiembre pasado, en todo el Departamento de Maldonado, indican que en la actualidad el gobierno departamental cuenta con un 62% de aprobación entre la ciudadanía. Un 20% manifiesta su desaprobación, mientras que un 14% ni aprueba ni desaprueba y un 4% no opina.

Los encuestados también dieron su opinión sobre algunos planes y políticas del gobierno departamental. Por ejemplo, dos de cada tres (66%) encuestadas manifestaron que la construcción de la Perimetral es “muy importante o bastante importante”, el 63% manifestó que es “muy importante o bastante importante” que se realice el centro de convenciones, y el 57% indicó lo mismo acerca la obra del Puerto de Piedras del Chileno. En ninguno los tres casos, la respuesta “poco importante” o “muy poco importante” supera el 18%.

Un 46% de los encuestados cree que la realización de estas obras no afectaría la construcción de viviendas, frente a un 14% que opina lo contrario.

LA CONTRIBUCIÓN INMOBILIARIA

La propuesta que está en discusión parte de mantener sin aumento las contribuciones que hoy pagan hasta 6.000 pesos. Las que están actualmente entre 6.000 y 10.000 pesos, tendrían un aumento del orden del 2%.

Las contribuciones de entre 10.000 y 15.000, aumentarían un 5%. Para aquellas ubicadas en la franja entre 15.000 y 20.000 pesos, un 15%, finalizando con las contribuciones de más de 20.000 pesos, que pagarían un 20% más. Todos estos aumentos serían por encima del IPC.

En el estudio de la consultora Factum, se recoge que un 73% de las personas encuestadas se manifestó de acuerdo con que el costo de la contribución inmobiliaria se ajustara a los cambios ocurridos en los precios de las tierras y de las viviendas del Departamento.

Por otra parte, el estudio señala que el 85% de las personas encuestadas se manifiesta de acuerdo con que la Intendencia decidiera vender tierras municipales improductivas para invertir ese dinero en viviendas, obras viales y Centro de Convenciones. Un 9% se manifestó contrario a esa posibilidad.

(fuente: Secretaría de Comunicaciones - Intendencia de Maldonado)