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Alcorta dijo que este “es un tema muy importante para Maldonado. Nos va la vida. Nos fue en su momento y lo pudimos solucionar… Si no, hoy no tendríamos balneario. Pero si dejamos la permisividad de que siga sin hacerse nada, dentro de muy poco tiempo vamos a pasar lo misma estada de Damocles que tuvimos cuando se hizo el saneamiento de Maldonado. Teníamos una fecha tope: en 2014 estaba funcionando el saneamiento o desaparecíamos, porque las aguas servidas iban a invadir las playas e iban a contaminar todo Punta del Este”.

Recordó que cuando se presentó el proyecto del gobierno ante el Parlamento para reestructurar el servicio de agua potable y saneamiento en Maldonado, estaba en Europa, pero su teléfono no paraba de sonar. “Y yo no sabía por qué”, hasta que al final le informaron que había entrado “un proyecto en el Parlamento para derogar la UGD. Y dije: no, no puede ser. Y ahí llamé y más o menos me pude informar”, comentó.

Indicó llegó “derecho a averiguar” más datos y justo ingresó en el Senado en su calidad de suplente de Patricia Ayala.

“MATA” LA UGD

Agregó que es un proyecto de ley que, “nada más ni nada menos, deroga todo. Mata el ente, el organismo desconcentrado UGD dentro de la OSE. Esa es la realidad… Vamos a volver a las viejas de antes, lo cual considero que es sumamente peligroso para Maldonado, para la vida de todos nosotros”.

Señaló que Punta del Este produce 700 millones de dólares por año, en divisas, lo que genera trabajo no sólo para el balneario sino para toda la región y para o el país. “Vaya si será importante cuidar lo nuestro, el medio ambiente”, apuntó.

Recordó que la UGD nació el 2005, pero “el tema del agua y el saneamiento en Malodnado es muy anterior”, ya que en 1992 se registró un problema en San Carlos, ya que se rompió un tanque de tratamiento de aguas servidas, que fueron al arroyo e invadieron la playa de La Barra “y la cubrieron totalmente”. Dijo que eso motivo una gestión ante OSE por parte del entonces intendente Domingo Burgueño, cuando él ocupaba la Dirección de Hacienda y la Secretaría General.

PROBLEMAS URGENTES Y EL PUESTO 60

“Planteamos que el problema tenía que estar arreglado para la temporada siguiente y no podía volver a pasar”, señaló. Manifestó que se les informó entonces que el plan de cambio del tanque de San Carlos estaba en el puesto 60 de las prioridades, por lo que se iba a realizar “dentro de cuatro años”.

Explicó, que tras eso, se encaró un estudio medioambiental de Maldonado, con proyección hasta 2035, “Costó seis millones de dólares y la Intendencia puso la mitad. OSE pagó la otra parte”, remarcó.

Alcorta señaló que el plan para resolver el problema costaba 100 millones de dólares, lo que sirvió para algunos “como pretexto para la privatización de los servicios de agua y saneamiento en el departamento. Se licitó y en el 2000 entró Uragua”.

Luego, en 2005, cuando asume un nuevo gobierno, Uragua dijo que no iba a cumplir con la obra de saneamiento “porque no le daba resultado” a nivel empresarial, por lo que se rescindió el contrato, narró. En seis meses se resolvió el problema y se gestó un acuerdo político, a nivel de todos los candidatos a la Intendencia y la OSE para asegurar que se iba cumplir con el servicio. “La ley entró en vigencia en 2005, Y me tocó ser el representante departamental de la UGD”, remarcó.

Destacó que la UGD fue una propuesta “innovadora” y resaltó que es un ente público, igual que la OSE, “dentro del Estado”, conciliando las necesidades del departamento con las del gobierno nacional.

TODO CONTRARRELOJ

“Lo que hicimos fue todo contrarreloj”, respecto al servicio y a los nuevos planes, pero funcionó muy bien, aunque se trabajaba “con la espada de Damocles del 2014”, sostuvo. “No sólo hicimos la obra sin endeudar al país en el exterior”, sino que el nuevo organismo dio una media de 20 millones de dólares de ganancia anualmente, “Con esa ganancia podíamos hacer la obra en los tiempos previstos. Y así fue. Arrancamos la obra en 2009 y en el 2013 estuvo funcionando en su totalidad. Y en 2014 la ampliación de Piriápolis. Recaudamos 130 millones de dólares de ganancia. Y reinvertimos 117 en obras de agua potable y saneamiento en Maldonado en esos ocho años. Le pusimos también agua potable a 14 pueblos del departamento que no la tenían”, afirmó.

El senador suplente precisó que no fue “consultado” sobre este proyecto, antes de remitirlo al Parlamento. Señaló que lo que ha ocurrido es que el gremio de OSE “ha estado insistiendo siempre, desde que nació, en que la UGD tenía que ser derogada”.

Afirmó que no sabe si el directorio de OSE recogió las aspiraciones del gremio y las volcó en este proyecto, pero de todas maneras cree que es “inoportuno. Y además, raya en lo inconstitucional”.

INOPORTUNO Y “CASI INCONSTITUCIONAL”

Explicó que es “inoportuno” porque estamos en un año previo a las elecciones “como para largar un tema de este tipo”. Y expresó que “raya lo inconstitucional” porque no se pueden crear cargos públicos en el año preelectoral y ahora, para suprimir la UGD, se tendrían generar 158 o 160. “Y el plazo vence el 28 de octubre”, por lo que parece imposible cumplir con la aprobación del proyecto antes de esa fecha, advirtió.

“Y yo no le puedo aprobar una ley al presidente de la República que es una flagrante inconstitucionalidad”, adelantó.

“Creo que las fuerzas vivas de Maldonado tienen que hacerse ver y sentir. Si no, va a ser complicado… Si volvemos al lugar 60, nos quedamos sin turismo. Y no va a sufrir sólo Maldonado; va a sufrir el país entero”, añadió. “Los que integramos el gobierno tenemos la obligación de preservar este tipo de cosas”, subrayó.

Alcorta se comprometió que va a “pelear” para esta ley no prospere y para que la UGD siga “funcionado; y siga funcionando en forma eficiente”.