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Previo al tratamiento del expediente, se dio lectura a un informe en minoría presentado por el suplente de edil del Movimiento de Participación Popular Joaquín Garlo, integrante de la comisión de legislación que había estudiado el tema.

En ese informe se señala el “abandono que el gobierno de Antía ha realizado de la tradicional y fundamentada postura jurídica de defensa del carácter público de las tierras que ahora se entregan”, en posición contraria a “actuaciones administrativas y jurídicas llevadas a cabo por destacados profesionales de carrera, y que motivaron fallos favorables en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo”.

En el último de los considerandos, se establece que “el actual Gobierno del Partido Nacional ha abandonado infundadamente la honrosa tradición de notorios militantes” de esa colectividad que, fueron “acérrimos defensores de los intereses comunes y de la franja costera nacional”.

“Podrán existir mayorías, mayorías sin argumentos, pero se estará aprobando una transacción de dudosa legalidad y con tantos argumentos en contra de la misma y en defensa de la continuación de los trámites judiciales, que será impugnada administrativa y judicialmente, tanto por parte de los muchísimos vecinos perjudicados como por las autoridades que verdaderamente velan por la defensa de los intereses públicos y del Estado”, finaliza.

El informe fue firmado sólo por Garlo ya que el otro integrante del Frente Amplio en la comisión de legislación no acompañó el mismo. Por esa razón también fue que al momento de tratarse y votarse este tema en el plenario del legislativo, sólo cuatro ediles del Frente Amplio ocupaban sus bancas.