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El curul explicó que, “por actuaciones de un expediente judicial, 291-78 de 2011, radicado en el Juzgado Letrado Civil de 6º Turno de Maldonado, la empresa Axis Investment Corp. promovió, contra la Intendencia Departamental de Maldonado, en abril de 2011, una acción civil reclamando la propiedad sobre una fracción del padrón Nº 928, de la localidad catastral de Eden Rock, padrón que tiene los mismos antecedentes de dominio que los padrones números 924 a 927 de la misma localidad catastral, en los cuales una transacción oculta e ilegal del Gobierno departamental, similar a la que se está procesando ahora, fue impugnada, recordemos, por catorce Ediles de esta Junta Departamental y acogida por el Parlamento, que anuló la resolución del Intendente”.

“La Intendencia de la época, la del gobierno frenteamplista del compañero Oscar De los Santos, y la Dirección de Asuntos Legales, la que encabezaba la doctora María del Carmen Salazar, se opuso a la demanda, incorporando numerosos informes de la Dirección de Catastro y de las Direcciones Notarial y Jurídica municipales, demostrando que el terreno está dentro de la faja pública de 150 metros y alegando contra los débiles argumentos del demandante ‒posición tradicional que han defendido los gobiernos departamentales anteriores del Partido Colorado y del mismo Partido Nacional, excepto el del Ingeniero Enrique Antía‒”, señaló.

Dijo que “en junio de 2017, según nota periodística de Mónica Robaina en el semanario Brecha, el actual Gobierno departamental, conjuntamente con los demandantes ‘presentaron un escrito solicitando la suspensión del proceso durante treinta días para buscar una solución extrajudicial’, a lo que la Jueza accedió”.

“En agosto de 2017 la Doctora Adriana Graziuso, Directora General de Jurídica de la Intendencia, la Doctora Daniela Trotta y el Estudio Clavijo Pastorini, presentaron un escrito conjunto para volver a solicitar la suspensión de los plazos procesales durante sesenta días”, añadió.

Apuntó también que, “vencido el plazo de la suspensión del proceso, el 31 de octubre de 2017 las partes solicitaron otra prórroga, pero de noventa días, la cual fue reiterada el 12 de marzo y el 13 de junio del corriente año, por lo que el próximo vencimiento será el 1º de octubre de 2018. Tal como el caso de Rocío S.A., nos encontramos ante un caso en el que la Intendencia tiene todas las chances de ganar, pero, en vez de confiar en la Justicia y en los argumentos anteriormente sostenidos, acuerda con el demandante para suspender las actuaciones”.

“Entonces ahí surgen una cantidad de interrogantes. ¿Qué negocia la Intendencia de Maldonado con los particulares? ¿En qué pretende el Intendente Antía otra vez escapar o evadir a la Fiscalía y a la Junta Departamental de Maldonado? ¿Será que tal como se intentó hacer con Rocío S.A. pretende favorecer con beneficios millonarios en dólares a Axis? ¿Cuál es la trama oculta del Intendente para realizar esta transacción secreta?”, inquirió.

“Reitero, sin pasar por Fiscalía ni por la Junta Departamental”, enfatizó.

Luego indicó que, “con fecha 31 de julio, hicimos un pedido de informes relacionado con un caso similar, en este caso la empresa Rocío S.A. y el padrón 2.598 de Manantiales. Nos contestaron el pedido de informes adjuntando un conjunto de documentación judicial y administrativa, pero escondieron y no contestaron lo esencial del punto 4 de la pregunta de aquel momento, que volvemos a hacerla en esto que va a transformarse en un pedido de informes cuando termine la exposición. ¿Cuál es el fundamento jurídico y administrativo que explica la conducta procesal de la Intendencia en estos casos? Para que no haya dudas, lo que queremos saber ‒esta Junta tiene pleno derecho a saberlo‒ es cuál es la intención de la Intendencia, con qué objetivo se mueve en las conversaciones y qué es lo que quiere lograr en forma concreta y detallada”.

Por tanto, pidió copia “de todos los escritos presentados por la Intendencia Departamental de Maldonado en forma individual o conjunta con el demandante, desde julio de 2015 en adelante, en actuación del Expediente judicial Nº 291-78/2011 caratulado Axis Investment Corp. Intendencia Municipal de Maldonado. Acción declarativa de propiedad. Copia de los expedientes administrativos y/o resoluciones, y/o documentación de otro tipo en donde consten las instrucciones y directivas emanadas del jerarca departamental o de quien actúe por facultades delegadas y por la que se establezcan los lineamientos a seguir por los letrados actuantes, en este caso judicial. Copia de los expedientes administrativos en los que se esté tramitando con el demandante la eventual autocomposición extrajudicial del litigio en curso. Copia de cualquier otra documentación en la que figure el fundamento jurídico y administrativo que explique la conducta procesal de la Intendencia desde julio de 2015 en adelante, y específicamente la solicitud de suspensión de los plazos procesales y las sucesivas prórrogas que llevan ya casi dos años”, detalló.

Se preguntó “¿cuál es la intención de la Intendencia? ¿Con qué objetivo se mueve en las conversaciones? ¿Qué es lo que quiere lograr en forma concreta y detallada? ¿Van a seguir sosteniendo el mismo criterio que aplicaron en la transacción oculta e ilegal que fuera anulada por el Parlamento en el caso de los padrones Nos. 924 a 927 de Eden Rock?”

Finalmente, hizo llegar todas las preguntas a la Mesa de la Junta, en un escrito “firmado por toda la bancada del Frente Amplio”, que “se transforma en un pedido de informes”.