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Dario Pérez (FA), Elizabeth Arrieta, Federico Casaretto (PN), Germán Cardozo (PC) y Andrés Carrasco (PI), diputados por el departamento de Maldonado, suscribieron esta tarde una nota dirigida al Presidente de la Agencia Nacional de Vivienda, Arq. Francisco Beltrame, y a la Ministro de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida de León, en virtud del inminente remate de otras viviendas que forman parte del barrio El Cortijo y que está fijado para el 14 de setiembre.

Los diputados, que conforman la bancada Maldonado (de la que no participa el frenteamplista Oscar de los Santos) plantean que las 41 familias que componen el barrio, algunas con más de 20 años radicadas allí, atraviesan una situación angustiante ya que enfrentan la pérdida de sus hogares.

El caso amerita un profundo estudio que permita arribar a soluciones para que conserven sus viviendas y realicen los pagos correspondientes, expresan los legisladores.

Para esto, solicitaron que la ANV y el MVOTMA concreten dos acciones específicas: por un lado, la postergación inmediata de todos los remates previstos para unidades del complejo, considerando muy especialmente la urgencia que se origina con motivo del próximo remate previsto para el 14 de setiembre. Por otro lado, plantean constituir una mesa de trabajo en el ámbito de la ANV que cuente con la participación de los vecinos afectados, con el fin de establecer propuestas y soluciones concretas que hagan viable el objetivo social de permanencia en sus hogares y a la vez permitan encontrar mecanismos de pago acordes a sus posibilidades, cancelando las deudas que puedan existir y estudiando las particularidades de cada caso.

Vale la pena recordar que en junio de 2016 la ANV anunció que comenzarían los remates de casas de El Cortijo.

En las últimas semanas se concretaron dos remates, y, en el segundo, se generó una dura discusión entre los vecinos y un representante de la ANV.

Luego de este incidente, la Agencia emitió un comunicado donde puntualizó:

"Se rematan créditos que están a nombre de un promotor (NELORI S.A.) y que integran los fideicomisos VII, X y XI administrados por la ANV.

Aquellas familias que cuentan con promesas inscriptas a su nombre o compromisos registrados se regularizan refinanciando los saldos adeudados.

Las viviendas que están a nombre de la empresa NELORI S.A. (que quebró) se deben rematar para recuperar los créditos concedidos por el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) para la construcción y sanear la situación legal.

El primer remate, realizado el pasado 12 de julio, se impidió por parte de algunos asistentes que no dejaron que el remate se realizara con normalidad y la vivienda se remató por la base (USD 20.000).

Antes del segundo remate el Directorio de la ANV por unanimidad definió que ejercería la defensa del crédito, ofrecer hasta donde la ley habilita a hacerlo, 90% del valor de tasación del inmueble (artículo 89 de la ley nº 5.343 en redacción dada por el art. 369 de la ley n° 19.149).

El funcionario actuante, siguiendo la directiva de las autoridades, defendió el interés del patrimonio de todos. Se actuó correctamente, impidiendo que se pierda dinero que es de todos. El funcionario de la ANV no oferta para sí sino en representación de la ANV y lo que se busca es defender la base mínima del crédito otorgado, lo que el Estado invirtió al otorgar ese dinero.

Los actuales ocupantes de estas viviendas no lo están en forma legítima frente al BHU o la ANV y por lo tanto no existen registros de pago significando esto que el Estado se ha privado de contar con esos recursos que son de toda la sociedad.

En el caso concreto, también se cumplió el fin social, ya que quien compró fue la familia que habitaba la vivienda desde hace 20 años, pudiéndose a partir de ahora legalizar la tenencia, con financiación de la ANV".

Los representantes de los vecinos rechazaron varios puntos de lo comunicado por la ANV y continuaron sus contactos para impedir los remates de las casas.



foto: El Cortijo (web ANV)