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“El déficit está en orden del 3,5%, más o menos del producto”, dijo en un momento de su exposición, pero más adelante advirtió que “está claro que no se pueden repetir muchos años déficit de 3% o 4%” del PIB.

Todas las estimaciones privadas hechas públicas en Uruguay ubican el déficit fiscal en torno a 3,4% del PIB, y la mayoría de ellas afirman que estaría por debajo de esa tasa, lo pone la declaración de Bergara en una de las revelaciones más fuertes porque eleva 18% las previsiones realizadas en base a las cifras oficiales hechas públicas.

EN CAMPAÑA
En su monólogo, Bergara dijo que “casualmente, justamente, la gente que parece ser (estar) más preocupada por el tema del déficit fiscal es la que está planteando que hay que hacer un ajuste, que si es de esa orden de magnitud estamos hablando de más de 800 millones de dólares”.

“Pero también está planteando que hay que eliminar el IASS (impuesto a la asistencia a la seguridad social), que hay que hacer otras exoneraciones”, avanzó en su interpretación de lo que dice el resto de los economistas no alineados con el gobierno.

Y prosiguió: “Si uno lee los programas de propuestas de gobierno implican renuncias fiscales de casi 400 millones de dólares, o sea que, si vamos a renunciar a ingresos por 400 millones de dólares, y además hay que reducir el déficit de más de 800 millones de dólares, hay que ver de dónde va a salir más de 1.200 millones de dólares para que el déficit no empeore”.

El razonamiento implícito de Bergara es que quienes están sugiriendo realizar el ajuste fiscal que la actual administración transfiere, ese ajuste debe hacerse de una vez, en un solo acto, de un día para otro.

SUBA GRADUAL DEL GASTO vs. AJUSTE ABRUPTO
Bergara, sin embargo, usó otra lógica para justificar el aumento del gasto que provocó ese déficit: “Está claro que no se pueden repetir muchos años déficit de 3% o 4%, pero lo que pasa es que sí debe haber algunos años en los que uno tiene un boom de inversiones en materia de infraestructura, o también que tuvo que hacer inversiones en el terreno social y productivo porque veníamos de una debacle productiva, y de casi el 40% de la población bajo la línea de pobreza”.

El gradualismo para el aumento del gasto que defiende, no coincide con lo que hizo el gobierno desde 2005, que ha aumentado el gasto de forma sistemática por sobre el nivel de crecimiento de la economía. Bergara sabe que oculta eso, y por eso vuelve a justificarlo en la herencia de la crisis de 2002.

“Es inconsistente ese discurso cuando se plantea que hay que tener más seguridad, más educación, más infraestructura; bueno, todo eso significa más policía, más maestros, más inversiones en vías férreas, en carreteras, etcétera; bueno, todo eso tiene un reflejo en el gasto público y en el déficit fiscal”, afirmó.

Continuó explicando el aumento del gasto asegurando que “no se puede gastar mucho todos los años, pero en algún año si eso está sobre todo explicado por inversiones en infraestructura, uno puede tener un déficit un poco mayor”.

UNA FALACIA
Bergara usó una falacia en su razonamiento cuando dijo que “si uno lee los programas de propuestas de gobierno implican renuncias fiscales de casi 400 millones de dólares; o sea que, si vamos a renunciar a ingresos por 400 millones de dólares, y además hay que reducir el déficit de más de 800 millones de dólares, hay que ver de dónde va a salir más de 1.200 millones de dólares para que el déficit no empeore”.

Lo que realmente se está diciendo desde los técnicos de la oposición es que hay que hacer un ajuste fiscal. La magnitud la puso Bergara. Pero el ajuste significa una decisión global, que implique todo, y no que proponga algunos recortes para pasar a un recorte mayor.

“Vemos que hay una contradicción en esa visión de que por un lado hay que hacer un ajuste fiscal, pero por otro lado todas las propuestas son de rebajar impuestos o aumentar gastos”, dijo, consolidando la forma particular como lo expuso.

Insistió en que “se habla de que esto se va a financiar con, no sé, con contratos, con reducción de los contratos de responsabilidad política o de confianza política, o con la publicidad de las empresas públicas”.

“Bueno, estamos hablando en cualquiera de estos dos conceptos de montos muy menores comparados con estos 1.200 millones de dólares de los que hablábamos”, volvió a chicanear, al referir a la cifra que él fabricó para responder algo que la oposición no dijo de esa forma.

Y para que no quede duda de su intencionalidad, concluyó esta fase de su razonamiento afirmando que “los contratos de responsabilidad política una vez sacados, los que corresponden a los cargos constitucionales, ministros, subsecretarios, suponemos que a esa gente se le va a seguir pagando”.


zl