Facebook Twitter WhatsApp

Borges indicó que “se trata de un megaproyecto de un empresario argentino que tiene pensado construir ‒en las 23 hectáreas que van desde el quilómetro 189 de la Ruta 10 hasta la playa‒ un hotel de lujo frente al brazo largo de la Laguna Garzón”.

“La idea es construir una edificación de cuatro plantas de altura, con amenities y un centro de convenciones que se supone tendrá cerca de 13.000 metros cuadrados, más un condo-hotel de diez bloques ‒de tres pisos cada uno‒, lo que suma un total aproximado de 40.000 metros cuadrados edificados”, explicó.

Según explicó la legisladora departamental, la propuesta “está enfrentando a vecinos e inversionistas”. “Los vecinos nucleados en la Liga de Fomento de José Ignacio sostienen que la escala es totalmente desproporcionada, que es una propuesta edilicia fuera de todo contexto y racionalidad para la zona tan frágil y única del país y que el proyecto atenta contra la identidad del pueblo porque rompe con el lenguaje arquitectónico que lo define”, agregó..

Según Borges, los vecinos se muestran preocupados por el emprendimiento por cuatro aspectos. En primer lugar “por la altura, que supone cuatro plantas en una zona de chacras, lo que conlleva entre 9,0 y 12 metros de altura, sobrepasando el límite de los 6,0 metros verticales que está permitido edificar en la zona de José Ignacio”.

En segundo lugar, “por la densidad de población, dado que el proyecto implicaría casi la misma cantidad de casas que hoy existen en el pueblo”; en tercer lugar, “por la escala que conlleva el proyecto, dado que se trata de veintidós edificios de alto impacto paisajístico y ambiental dentro de una zona comprendida en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas”.

Y en cuarto lugar “porque consideran que el proyecto altera la identidad de un lugar único”.

“Lo que nos llamó poderosamente la atención respecto de lo que daba cuenta este medio de prensa fue el reclamo de los vecinos del pueblo de haberse enterado del proyecto demasiado tarde, según lo manifestó Adriana Abeles, presidente de la Liga de Fomento de José Ignacio, quien dijo que el plan lleva casi seis años en marcha pero que la Liga tomó conocimiento del mismo recién el 15 de mayo último pasado, cuando se celebró una audiencia pública entre la comunidad, mientras que el responsable urbanístico del proyecto, el arquitecto Federico Bervejillo, deslegitimó este reproche manifestando que el emprendimiento estuvo presentado en la página Web de la Intendencia durante dos meses, es decir, colgado en Internet para el libre acceso al público, porque ese es uno de los requisitos que establece la normativa como condición para que un proyecto de estas características pueda avanzar”, señaló.

En este punto en particular, Borges centró su alocución: en “la participación social en los procesos de elaboración e implementación de los instrumentos de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible”.

“Siguiendo las "Guías para la elaboración de instrumentos de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible" ‒documento elaborado por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial‒ tenemos que la participación social es un derecho fundamental de construcción de ciudadanía, de empoderarse de un proceso colectivo en donde quienes participan se reconozcan y sean reconocidos como agentes de transformación social. Y esta participación social se caracteriza por la intervención de personas físicas, jurídicas, asociaciones civiles, sindicales, empresariales, organismos públicos y privados, etc., en iniciativas públicas”, apuntó.

La Ley 18.308, del 18 de junio de 2008 ‒llamada LOT‒, tiene como uno de sus principios rectores la promoción de la participación ciudadana en los procesos de elaboración, implementación, seguimiento, evaluación y revisión de los instrumentos de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible. Se trata de participación obligatoria, consultiva, no vinculante.

Para Borges “es injustificable, con respecto al proyectado hotel de José lgnacio - Laguna Garzón, que no haya existido difusión por la prensa oral y escrita ‒a cargo de la Administración y a costo de los inversores‒; es injustificable que no haya sido enviada la puesta en manifiesto y todo el material a la Junta y al Municipio correspondiente; es injustificable que no se haya notificado a todas las ONG locales, en especial a la Liga de Fomento; es injustificable que no se haya notificado a la Sociedad de Arquitectos del Uruguay y a la Facultad de Arquitectura, etc. Es más: creemos que también debería notificarse personalmente a todos los hoteles y condominios ya existentes en la zona”.

“Consideramos que el proceso está absolutamente viciado de oscurantismo”, aseveró y dijo preguntarse “si el proceder que se está teniendo con este proyecto es la normalidad con que encara la Intendencia Departamental de Maldonado los procesos, porque ello significaría un accionar manifiestamente ilegal en el día a día”.

“Proyectos como este tendrían que tener la mayor publicidad imaginable, incluso hasta en diarios de la capital y, en algunos casos, notificaciones personales a cada vecino, cartelería en plazas, hoteles y en el propio Municipio. Muchas veces nos hemos cuestionado, cuando llegan a la Junta Departamental los PAI ‒Proyectos de Acción Integrada‒, el hecho de que en los expedientes respectivos ‒en lo que refiere a las instancias de participación ciudadana, y más precisamente a las audiencias públicas‒ sea mínima o nula la mención de la participación social en las actas, cuando en realidad creemos que sería de muy buena práctica, entre otras, la grabación de las mismas”, agregó.