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El legislador explicó que el proyecto sobre la propaganda obligaría a todas las personas públicas, estatales y no estatales nacionales, a destinar “un mínimo de un 40% del monto total de la publicidad oficial de alcance nacional a medios de comunicación, programas o producciones informativas o periodísticas comerciales o comunitarios, con realización y producción propias radicados en localidades del interior, que tengan como área de servicio o distribución principal el lugar de su radicación y otras localidades del interior del país”.

ADJUDICACIÓN “DESIGUAL”

Indicó que “existe una desigual adjudicación de estos recursos, ya que considerando la distribución de la población y las empresas de comunicación en el Uruguay, casi la totalidad de la publicidad es contratada en los medios de la capital, siendo este un reclamo de la OPI (Organización de Prensa del Interior) de larga data. Este proyecto pondrá en equilibrio la distribución de los recursos, y terminará con una situación de injusticia que se ha extendido en el tiempo”.

El senador afirmó que “el proyecto lo que quiere es un poco de justicia” respecto a la publicidad, ya que la audiencia no está concentrada “en algunos pocos medios nacionales”, sino que se distribuye también en medios locales.

“Pero además está el respeto al rol de los medios… Los medios son edificadores de democracia, de la convivencia que construye una sociedad. Son los lugares donde se vierten las opiniones, donde se producen los debates, donde se queda la memoria”, subrayó.

“Nos parece justo que haya más equidad en la distribución de la publicidad, que se ayude a que los medios que cumplen este importantísimo rol, y por el cual no cobran, a través de algún apoyo público para el sostén de los costos fijos, que no es poca cosa”, recalcó.

FACILITAR ACCESO A LA PROPIEDAD

Por otra parte, Botana manifestó que mediante otra propuesta plantea “una nueva exoneración al pago del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), Impuesto a la Renta de los No Residente (IRNR), por incrementos patrimoniales, e Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales, cuando el hecho generador de los referidos Impuestos, es la sentencia de prescripción adquisitiva de un bien inmueble, cuyo trámite procesal, se haya realizado con el beneficio de auxiliatoria de pobreza.”

Señaló que, “este proyecto tiene el fin de que se contemplen las exoneraciones solicitadas, para fomentar y facilitar el acceso a la propiedad, a este sector de la población que acreditó frente al Estado, carecer de recursos para abonar costos y costas y mucho menos para realizar el pago a la Dirección General Impositiva de los nombrados impuestos, promoviendo de esta forma a la regularización de las propiedades, lo que genera un mayor valor a la propiedad, arraigo a la vivienda y en definitiva soluciones habitacionales”.