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Para eso, temprano en la tarde, la bancada oficialista hizo suya la resolución que, el viernes pasado, había tomado la Mesa Política, que mandataba a todos sus legisladores a votar la iniciativa.

No pudo ser. Darío Pérez (Liga Federal) ratificó que, a pesar de cualquier orden de disciplinamiento, se iba a negar a votar el tributo.

"Había traído la foto de Seregni y del General Artigas, mis dos referentes. No me dio el cuajo para ponerlas acá," dijo", señalando su mesa, mientras se preparaba para cuestionar la actitud de su fuerza política al reparar que la creación de este impuesto no está en el programa de gobierno del Frente Amplio. "Si no, que me lo traigan", desafió. Tampoco estuvo, dijo, en la propuesta electoral en la que el oficialismo se comprometió ante la ciudadanía.

"Fui preso político y no tengo el síndrome de Estocolmo," aclaró el diputado, para cuestionar que muchas de las jubilaciones de privilegio que objeta hoy el oficialismo, corresponden a militares que fueron destituidos por la dictadura y a los que el Frente Amplio, en 2005, se encargó de reparar.

Además, incluyó otro elemento que irritó a parte de la bancada. "Por más que se rasguen las vestiduras, el Frente Amplio les siguió pagando a los militares que violaron los derechos humanos," afirmó, en referencia a que los represores, aún condenados, continuaron en este tiempo recibiendo sus prestaciones.

En su exposición, argumentó que lo "afectaban bastante" algunas de las aristas y situaciones planteadas por el proyecto.

"500 millones de dólares es una barbaridad de déficit. Ahora... ¿empezaron cuando al Chicho se le ocurrió este impuesto? ¿O está desde 2005, cuando ganamos con una mayoría absolutísima?", se preguntó.

Pérez rebatió el argumento de sus compañeros de que esos millones podrían destinarse a políticas sociales. "¿Le van a dejar de pagar entonces a los milicos? No", se respondió a sí mismo.

También ridiculizó la recaudación que está prevista para el impuesto, por un total de US$ 55 millones en un período de 18 meses. "¿Y después, qué?", se preguntó. "Soy médico, y esto sería lo mismo que darle una aspirina a un enfermo de cáncer", sostuvo.

Para Pérez, el Frente Amplio "pone la carreta delante de los bueyes", al tratar de colocar este impuesto antes de proceder a una reforma de las leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas.

En el fondo, sostuvo que sobre este proyecto sobrevuelan y subyacen una cantidad de cosas. Entre otras, la relación conflictiva que, en los últimos 60 años, la izquierda mantuvo con las Fuerzas Armadas. "La subjetividad hace que se actúe contra la razón," afirmó, al agregar que "lo que más teme un gobierno son los sindicatos fuertes y las Fuerzas Armadas".

El diputado de la Liga Federal rebatió también el concepto de disciplina partidaria. Lo hizo citando a Rosa Luxemburgo "porque capaz que, como no voy a votar este impuesto, van a decir que soy facho".

Parafraseando a la célebre teórica marxista alemana, Pérez afirmó: "La libertad, solo para los miembros del partido, no es la libertad. La Libertad es la de los disidentes, no la que depende de los fanáticos".

Admitió sentirse en una "soledad, elegida por mí" y, citando al presidente Tabaré Vázquez, volvió a cuestionar a sus compañeros.

"Hace dos o tres días lo ví, con ese aire tan pacífico que tiene él, decir que 'dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada'".

Pérez señaló que no quiere repetir errores anteriores y "seguir votando groseras inconstitucionalidades de corte discriminatorio". En ese sentido se preguntó "cómo se le puede pedir a los militares que respeten la Constitución".

Un debate contra los "privilegios"
Con la negativa de Pérez, fracasa una de las "patas" del Plan de Consolidación diseñado por el Ministerio de Economía en 2016 para rebajar el déficit fiscal.

El conductor de la Liga Federal ya había dejado en claro que actuaría en defensa de la Constitución y del orden jurídico vigente", haciendo valer los informes elevados al Parlamento por las Cátedras de Derecho Constitucional de las Universidades Católica y de la República.

Allí se indica que el proyecto se da de bruces con los artículos 67 de la Constitución.

La Carta Magna establece que toda jubilación deberá ser financiada con contribuciones obreras y patronales y demás tributos previstos por ley, recursos que "no podrán ser afectados a fines ajenos los mencionados" y "la asistencia financiera que deberá proporcionar el Estado, si fuere necesario".

La inconstitucionalidad estaría dada además porque, con este tributo, se estaría gravando dos veces el mismo objeto de recaudación.

Pérez sostuvo que cualquier innovación en este sentido debe darse en el marco de una reforma integral de la Caja Militar, a la que garantizó su apoyo.

La postura del diputado era conocida de sobra, por lo que para el oficialismo era insostenible seguir prolongando una definición, cuando las posiciones estaban más que claras y no había posibilidades de modificar la realidad.

De todas formas, el resto de la bancada del Frente Amplio dio el debate.

En el informe en mayoría, leído por la diputada Bettiana Díaz (MPP), se detalló que el Servicio de Retribuciones y Pensiones de las Fuerzas Armadas brinda diferentes prestaciones y es el organismo de retención de los aportes para su propio financiamiento, liquida y paga los haberes de retiro y pensionarios.

"Es un servicio que arroja pérdidas, y debe ser asistido con el dinero de todos los uruguayos desde Rentas Generales", subrayó la legisladora.

Una asistencia que, dijo, viene creciendo año año, debido al deterioro de la relación entre activos y pasivos, donde los segundos duplican hoy a los primeros. Además, las edades de retiro están por debajo del mínimo para jubilarse y los montos promedio de retiro están muy encima de los que aplica el Banco de Previsión Social.

Así, si en ese organismo la edad de retiro promedio está en 63 años, entre los militares es de 49. Para los subalternos rige hoy la jubilación obligatoria a los 50 a años, que para los jefes y oficiales es de 54 y para los oficiales superiores es de 57 años.

El informe del Frente Amplio giró también en torno al cálculo en los haberes de retiro, que también impacta fuertemente en los números. Es que los militares se retiran con un ascenso al grado inmediato superior, por lo que reciben una prestación mayor a la que percibían en actividad, careciendo a su vez de tope jubilatorio.

En ese marco el informe hizo un fuerte énfasis en las cifras. Al cierre del año pasado, Rentas Generales debió auxiliar al Servicio con US$ 550 millones, una asistencia que será mayor en 2018 según las previsiones oficiales.

Es que sólo el 15% de las pasividades que paga la Caja Militar se financian con recursos propios.

"Es necesario y urgente reformar este servicio de privilegios, que costeamos todos", remarcó Díaz.

El informe del oficialismo apuntó a su vez a que se trata de un "tributo" y no de un impuesto, que se aplicaría de forma transitoria, por un período de 18 meses a partir de su aprobación.

El diseño de su estructura es progresivo, en tramos por ingreso, sobre los retiros y pensiones que estén por encima de los $ 57 mil mensuales. "Se focaliza en los ingresos más altos, y el 80% de los retirados militares no estaran gravados", destacó.

Si se hubiera aprobado, hubiera permitido recaudar el 10% del déficit anual de la Caja Militar.

"No es una cuestión de revancha, sino de profundizar en justicia económica, tributaria y previsional", dejó en claro.

En ese marco se optó por dar cuenta de una comparación entre el peso del Servicio de Retribuciones y Pensiones Militares con otros sistemas previsionales.

Así, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, las erogaciones de Rentas Militares para sostenerlo suponen US$ 8100 por pasivo al año.

Una cifra sensiblemente mayor a los US$ 3500 que necesita anualemente por prestatario la Caja Policial, los US$ 1600 del Banco de Previsión Social y los US$ 700 de la Caja Bancaria.

"Mientras los pasivos militares financian solo el 15% de sus prestaciones de retiro, la población civil, con sus aportes jubilatorios, financia casi un 70%, dijo la diputada oficialista.

Se hizo valer además que Rentas Generales asistió el año pasado con US$ 582 millones al BPS para asegurar la cobertura de 1,5 millones de afiliados cotizantes. La Caja Militar, en tanto, debió recibir US$ 550 millones para cubrir a apenas 50 mil prestatarios.

Díaz señaló, por otra parte, un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia que, ante un caso similar, declaró constitucional la prestación impuesta a los jubilados bancarios para, también, contribuir a paliar el déficit de ese sistema.

Una contribución que, a diferencia de la programa para los militares, es permanente y que debe ser realizada por todos los pasivos con jubilaciones superiores a los $ 25 mil mensuales.



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