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Doce peones, jardineros, serenos e integrantes del servicio doméstico que trabajaron en la chacra de Balcedo y Fiege, ubicada en Cerro de los Burros (Piriápolis), se presentaron ante el Ministerio de Trabajo (Mtss) para denunciar al matrimonio y a su empresa Martok SA por incumplir las normas laborales y para reclamar el pago de distintos créditos salariales adeudados.

El abogado Guillermo Ahlers explicó a Brecha que algunos de sus clientes nunca figuraron en el Bps, mientras a otros les aportaban por salarios inferiores a los reales, tal como reveló la investigación preliminar.

Detalló que, tras la detención del matrimonio, el 4 de enero, Martok SA dejó de aportar al Bps. Entonces varios trabajadores estaban en seguro de desempleo con causal de “suspensión de tareas” por cuatro meses, que vencieron semanas atrás.

Sabiendo que la justicia de crimen organizado dictaminó la prisión domiciliaria para la dueña de casa, el 15 de este mes los empleados fueron al establecimiento a preguntar por su futuro y se enteraron de que no serán retomados.

“Esto les da derecho a dos meses suplementarios por causal de despido, pero no pueden cobrarlos porque la empleadora (Martok SA) no dio la baja al Bps”, lamentó el abogado.

La situación es aún más compleja para quienes siguieron trabajando en El Gran Chaparral pese al encarcelamiento de sus patrones. Además de suspender los aportes al Bps, les pagaron los salarios “en cuotas”, no les computaron horas extra, entre otras irregularidades confirmadas por Ahlers. “Eran condiciones totalmente irregulares que hacían insoportable el vínculo laboral”, concluyó el abogado.

Estos empleados cobraban sueldos por encima del laudo de cada sector, pero no eran cifras siderales, como ocurrió con otros empleados de confianza imputados: “Trabajaban por 20 mil pesos y el que ganaba más, con 12 horas de trabajo diarias y sin descansos intermedios ni pago de fictos, cobraría 30 mil pesos”, puntualizó el abogado patrocinante.

Se trata de habitantes de localidades pequeñas, como Gregorio Aznárez y Solís Grande, donde hay grandes dificultades para conseguir empleo.

Hasta el momento, Martok SA no ha reconocido los despidos y nunca se presentó en las audiencias de conciliación convocadas por el MTSS en Maldonado. En vista de las circunstancias, Ahlers ya prepara una demanda ante la justicia laboral. Paralelamente, los demandantes reclaman al Bps que les dé la baja de oficio.

Ahlers cree que el Estado debería legislar de forma urgente para proteger los créditos laborales cuando los patrones son encausados en el marco de la ley integral contra el lavado de activos.

Advierte que, aunque la justicia laboral reconozca los reclamos económicos de los trabajadores, es difícil ejecutar la sentencia y cobrar cuando crimen organizado embarga bienes y dinero.

“Es necesaria una ley que despeje cualquier tipo de duda interpretativa respecto a la prioridad en la ejecución del cobro cuando se saquen a remate bienes incautados por lavado de activos”, amplió.

“Ayer fue Sanabria (los ex empleados de Camvirey quedaron en una situación similar a la de los argentinos), ahora es Balcedo y quizás ocurran otros casos. El Estado, que legisla y se apropia, legítimamente, de los bienes confiscados, es el que tiene que dar protección al trabajo como ordenan la Constitución, los tratados de derechos humanos y los convenios de Oit”, concluyó Ahlers.



fuente: Brecha