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Este proyecto fue acompañado por los cuatro diputados del Partido Nacional de Canelones, el de San José y el de Rocha, departamentos donde la situación de las ocupaciones ilegales se ha agravado en los últimos tiempos.

Este proyecto establece que el Poder Ejecutivo o las Intendencias, en el ámbito de sus competencias, tendrán legitimación para entablar la acción judicial que se regula en el proyecto de ley para impedir la formación de fraccionamientos, loteo, la demolición de obras cualquiera sea su destino, ocupaciones u otra alteración física del territorio y demás bienes del ambiente, en infracción a la normativa referida, que recaigan sobre bienes de propiedad privada y de acuerdo a sus competencias.

En caso de infracciones a la normativa del ordenamiento territorial, que recaigan sobre bienes del dominio público o fiscal, las Intendencias o en su caso el Poder Ejecutivo, una vez que el acto administrativo sea definitivo (artículos 309 y 318 de la Constitución de la República), podrán requerir el auxilio de la fuerza pública para su ejecución.

Si existiere resistencia por parte del infractor en cumplir con lo dispuesto por la autoridad administrativa competente, el proyecto del Diputado Echeverría habilita a solicitar el auxilio de la fuerza pública y si recayera sobre un hogar, en caso de oposición, se solicitará orden escrita al Juzgado Letrado de Primera Instancia con competencia en materia civil (artículo 11 de la Constitución de la República) para ejecutar el acto administrativo definitivo, lo que se resolverá sin más trámite y se cometerá al Alguacil, quien deberá solicitar el auxilio de la fuerza pública, sin necesidad de nuevo mandato judicial en caso de continuar la resistencia

El legislador expresó en su proyecto que, *“en los últimos tiempos en nuestro país hemos sido testigos de un crecimiento de las ocupaciones ilegales, con las consecuencias jurídicas y sociales que ello implica. La ocupación ilegal de un inmueble no solo es un avasallamiento de la propiedad privada, sino que es un ataque a las normas de convivencia y respeto que deben primar en una sociedad”*, expresó Echeverría.


Agregó el diputado de Maldonado que “la ocupación ilegal no solo es una vulneración a la propiedad sino que también lo es al ordenamiento territorial y al medio ambiente, razón por la cual se debe legislar en la materia, dotando de herramientas al Estado para combatir este flagelo."

"Como sociedad no se puede naturalizar este tipo de comportamientos, tampoco se puede ver con permisividad o tolerancia. Se debe actuar con rapidez, firmeza y transparencia, con acciones legales rápidas que no permitan avanzar estos fenómenos, donde el tiempo, a veces cuestión de horas, pueden hacer la diferencia”*, manifestó Echeverría

El proyecto de ley establece formalidades legales que garantizan el debido proceso y los derechos de todas las partes, y a texto expreso contempla la posibilidad de auxilio de la fuerza pública, donde el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa Nacional, en el ámbito de sus competencias, prestarán auxilio directamente a los demás órganos competentes del Poder Ejecutivo y a las Intendencias, en el ejercicio de sus funciones.