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Como se informara, Silvera fue el promotor de esta denuncia en la Junta Departamental, el 25 de julio pasado. En ese entonces señaló que había “una oscura transacción con particulares” referida al “reconocimiento de propiedad privada en zonas de la franja pública de 150 metros de playa en Eden Rock, que fue inmediatamente apoyada por la totalidad de la bancada del Frente Amplio”.

Luego se presentó un recurso ante la Cámara de Diputados contra la resolución del intendente Enrique Antía.

Silvera informó ahora que “el próximo miércoles 27 de setiembre la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara recibirá a los ediles colorados y frenteamplistas que presentaron el recurso y posteriormente a la delegación de Intendencia de Maldonado”.

Dijo que la Intendencia “ha publicado, recientemente, en los principales medios periodísticos de Montevideo con circulación nacional, una doble página con su argumentación, en una actitud indicativa de la preocupación que le causa el avance del recurso”.

“El gobierno departamental de Antía está cambiando una política de defensa del carácter público de la faja costera de 150 metros, de confianza en los procedimientos judiciales y de respeto a las leyes y a la intervención de la Fiscalía Letrada y de la Junta Departamental cuando se producían transacciones en los juicios iniciados por particulares, que anteriormente habían defendido con éxito todas las administraciones coloradas, blancas y frenteamplistas, excepto la del propio Antía (a través de su suplente Intendente Pereira) que entre junio y julio de 2005 ya había intentado reconocer a los mismos interesados los derechos que después se terminaron reclamando en un juicio civil contra la Intendencia, que es el que ahora se pretende transar en forma irregular y secreta”, señaló.

Mientras tanto, el curul señaló que “el último acontecimiento producido en el juicio ha sido la acción del Ministerio de Economía y Finanzas -parte codemandada por los particulares junto con la Intendencia, pero que se opone al desistimiento del juicio y pretende que el mismo llegue a sentencia-, que ha presentado una grave denuncia de fraude procesal y una queja por denegación de apelación, que ya han sido encaminadas por el último decreto de la jueza actuante”