Edil Garlo insiste con sus críticas a la IDM por el contrato de la videovigilancia
Política 08:00

Edil Garlo insiste con sus críticas a la IDM por el contrato de la videovigilancia

El edil frenteamplista Joaquín Garlo volvió a referirse en la Junta Departamental al contrato por el sistema de videovigilancia y reiteró sus críticas respecto a la actuación del gobierno del intendente Enrique Antía sobre este tema. Anunció que está sistematizando toda la información para que la población “sepa la verdad” y de esta forma terminar con “el oscurantismo y la falta de transparencia”.

El curul dijo en la Junta Departamental que “desde el primer momento en que el señor intendente departamental anunció públicamente que realizaría una compra de cámaras de videovigilancia para Maldonado, desde este Frente Amplio seguimos muy de cerca todo el proceso, con el fin de asegurar el buen manejo de los dineros públicos y que los negocios fueran transparentes. Y la realidad, como ha quedado demostrado en varias oportunidades, es que la compra realizada por la Intendencia por más de U$S 20 millones careció de toda transparencia y significó un mal manejo de los dineros de todas y todos los contribuyentes”.

PEDIDO DE INFORMES

“Por eso fue que en setiembre de 2016 realizamos un pedido de informes desde esta Junta, en el que solicitábamos al intendente el contrato entre el Gobierno departamental y la empresa israelí Elbit Systems Limitada, por el que se compran mil doscientas cámaras de videovigilancia por la suma de U$S 18.000.000 más U$S 500.000 que se pagan por supervisión técnica. Solicitábamos también copia de la subcontratación con la empresa JT de León por más de U$S2.430.000 por la infraestructura de electricidad del sistema y, a su vez, la subcontratación con Sureste Construcciones por más de U$S 795.000 por la reforma del Círculo Policial. Todos estos contratos ascienden a la suma total de U$S 21.725.400, que pagamos todas y todos”, recordó.

Precisó que “cuando solicitamos copia de estos documentos, que contienen información económica y no sobre tecnología ni sobre seguridad pública, el intendente nos la negó. Junto a la directora general de Asuntos Legales, la doctora Adriana Graziuso, se nos dijo que no nos podían dar la información solicitada porque, de hacerlo, se ponía en riesgo el derecho a la vida humana y la seguridad pública. Lo que afirmaba la doctora Graziuso era mentira. Solamente era una mala jugarreta jurídica para privarnos a todas y todos de saber la verdad sobre esta compra millonaria y, lo que es peor aún, privar a la Junta de ejercer el control correspondiente sobre los gastos que efectúa la Intendencia del intendente Antía”.

“Se encubría bajo un secreto y un oscurantismo terrible algo que debía ser transparente desde el principio. Ahora bien, ¿qué es lo que se estaba ocultando? ¿Por qué el intendente Antía y la doctora Graziuso ocultaron durante más de un año y medio información que desde el inicio debía ser pública? No conformes con la respuesta negativa del intendente y de la doctora Graziuso fue que recurrimos a la vía de la solicitud de información pública a través de la Ley Nº 18.381 y una vez más la doctora Graziuso, ex juez penal, nos negó la información. No solo se nos dijo que la información era secreta, sino que además se nos amenazó diciendo que estábamos tramitando asuntos propios ante la Intendencia y que, como ediles, no podíamos hacerlo, por lo que corríamos el riesgo de perder nuestro cargo. Se nos amenazaba con que íbamos a dejar de ser ediles porque estábamos haciendo uso de un derecho humano fundamental”, señaló.

Recordó que no se quedó conforme “con esta contestación, no por capricho, sino porque sabíamos que estaba errada, que lo que afirmaban la doctora Graziuso y el intendente Antía era mentira y que se nos estaba vulnerando un derecho humano fundamental. Por eso, junto al compañero abogado doctor Horacio Bolani, presentamos una demanda ante la Justicia, para que fuese el Poder Judicial el que resolviera si debíamos o no acceder a la información vinculada a la compra millonaria y directa de las cámaras de videovigilancia. Así fue que presentamos, a través de la Ley Nº 18.381, una acción judicial de acceso a la información pública ante el Juzgado Letrado de Maldonado de 6º Turno. Esto en setiembre de 2017. Ahora era ante el Poder Judicial ‒el cual ella integró‒ que la doctora Graziuso mantenía sus falsos argumentos sobre el secreto de la contratación y sobre la imposibilidad de que nosotros solicitáramos la información por vía de la ley. O sea: seguía sosteniendo las mentiras, pero ya no ante la Junta sino ante el Poder Judicial”.

PRIMER FALLO EN CONTRA

Dijo que, “en primera instancia la Justicia falló en nuestra contra, en una escueta sentencia que no analizó el fondo del asunto, porque era un asunto realmente muy complejo, y resolvimos presentar el recurso de apelación. Y fue el expediente judicial a Montevideo, al Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6º Turno. En el medio del proceso judicial el intendente Antía, junto a su equipo, montó un circo en el llamado a sala que el Frente Amplio le realizara en esta Junta. Se divulgó mágicamente toda la información que por más de un año se nos había dicho que era secreta y que, de otorgárnosla, se ponía en riesgo la seguridad pública y la vida humana de la población del departamento. Pero por arte de magia, el intendente Antía y su equipo, hicieron aparecer la información acá adentro. Maravilloso”, expresó.

Agregó que “se iban demostrando las mentiras de la Intendencia y alguien faltaba en esa mesa aquella noche del llamado a sala: la doctora Graziuso, que no estaba sentada ahí, que había sostenido una y otra vez, ante la Junta y el Poder Judicial, los pobres argumentos del secreto y el ocultamiento de la información que el intendente Antía, en el llamado a sala, no pudo sostener. Por algo no trajo a la doctora Graziuso a ese llamado a sala. Seguimos con el juicio a pesar de las maniobras de la Intendencia para intentar alargarlo en el tiempo. El día que comenzara la feria judicial, el 22 de diciembre del año pasado, el Tribunal de Apelaciones dictó sentencia. Ese mismo día la Intendencia publicaba en su página Web ‒lo pueden ver en la pantalla‒: ‘Fin de la polémica. Tribunal de Apelaciones dio la razón a la Intendencia de Maldonado’. Nosotros antes de leer la sentencia nos encontramos con este titular; dijimos: ‘Bueno, perdimos el juicio, marchamos’”.

“TITULAR ENGAÑOSO”

“Una vez más la Intendencia mentía. En este caso, tras un titular engañoso, queriendo hacerle creer a la gente algo que no era cierto, la sentencia nos daba la razón a nosotros y la Intendencia había perdido el juicio, pero publicó este titular en su página oficial. La sentencia redactada por la profesora doctora Selva Klett era contundente: la Justicia nos daba la razón a los ediles del Frente Amplio, la Intendencia había perdido el juicio y tenía que entregarnos toda la información relativa a la compra millonaria de las cámaras de videovigilancia, salvo la que estuviese relacionada a cuestiones de seguridad pública y tecnología, que esa información nosotros nunca la pedimos. Cuando hicimos pública la sentencia, el director de Comunicaciones del Ejecutivo, Martín Pintos, le mandó un mensaje a todas y todos los periodistas locales diciendo que esta era una noticia vieja y que no hay ninguna novedad, salvo tomar un tema viejo y darle una vuelta que no es correcta si se lee la sentencia. Así se maneja el director de Comunicaciones de la Intendencia de Maldonado con la prensa local: mintiendo. Claramente él no había leído la sentencia”, afirmó.

Luego sostuvo que “l Tribunal de Apelaciones analizó punto por punto los pobres argumentos que defendían la Doctora Graziuso y el Intendente Antía y los fustigó. En primer término, dejó en claro, y sin lugar a dudas, que las y los ediles podemos solicitar información a las Intendencias por vía de la Ley de Acceso a la Información Pública, marcando un antecedente jurisprudencial de especial importancia para todas y todos los que estamos acá adentro y todas y todos los ediles del Uruguay”.

“Por otro lado, dictaminó que la información que nosotros solicitábamos no era secreta, como sostuvo engañosamente la Intendencia por más de un año, sino que era información pública. Dijo el Tribunal que el contrato entre Elbit Systems Limitada y la Intendencia no ingresaría en el famoso artículo 33, literal C, numeral 8 del Tocaf, que invocaba el Ejecutivo. Y agregó, también, que ‘la Intendencia demandada debió argumentar más sólidamente que se trataba de una cuestión de seguridad pública, no bastando con la mera invocación de la norma’. Esto quiere decir que la Intendencia no pudo argumentar correctamente el porqué de la contratación secreta. La doctora Graziuso y el intendente Antía sostenían algo que estaba construido en el aire, y esto lo deja bien en claro el Poder Judicial; le está diciendo: 'Usted hizo las cosas mal desde el principio’”, apuntó.

“El Tribunal entiende, además, que el Tribunal de Cuentas de la República no realizó una calificación positiva sobre si el contrato y sus adendas encuadraban en el supuesto del Tocaf, como afirmaron en el llamado a sala el intendente y su equipo”, agregó.

Explicó que “el Tribunal le está diciendo a la Intendencia que debió haber transitado un camino de mayor transparencia y de mayor publicidad y no el del secretismo y el oscurantismo, que no son propios de la democracia ni de un sistema republicano como el uruguayo. Le está diciendo que desarrolló malas prácticas de gobierno, que ‘desarrolló prácticas que van en contra de los principios del buen gobierno’; eso le dijo el Poder Judicial al intendente Antía y a la doctora Graziuso”.

SENTENCIA “CONTUNDENTE”

Garlo manifestó que, “en conclusión, la sentencia ‒redactada por la doctora Klett‒ fue contundente; destruyó todas y cada una de las mentiras planteadas por la Intendencia”.

Y durante el verano, en el mes de enero, nos llama la Intendencia, nos notifica de la sentencia”, indicó. “Vamos y nos entregan este sobre. Este sobre, como les dije, contiene la información que ya se había hecho pública en el llamado a sala. Bien. Y nosotros dijimos: ‘No. Acá falta información’. El Tribunal dijo ‘todo’ y ‘todo’ es todo; todos los expedientes que están involucrados en el asunto. Así que resolvimos presentar una acción para ejecutar la sentencia en su totalidad. Pero, por suerte, la Intendencia se ve que recapacitó y nos llamó de nuevo y fuimos en el mes de febrero con el doctor Horacio Bolani y nos entregaron todo esto. Material que en este momento estamos estudiando, material que se mantuvo en secreto durante más de un año para ocultar aspectos fundamentales de una compra directa, sin transparencia, sin licitación pública, sin compulsa de precios, por más de U$S 20.000.000, que, como les decíamos asciende a U$S 21.000.000, sumando solo las contrataciones. Y si sumamos otros aspectos, como la contratación de personal para el centro de monitoreo y el mantenimiento anual del sistema, podemos llegar a la cifra de U$S 27.000.000”.

“Con mucha seriedad y responsabilidad estamos sistematizando la información para que la población sepa la verdad y terminar, de una vez por todas, con el oscurantismo y la falta de transparencia con la que se ha manejado el Partido Nacional en todo este tiempo”, anunció.

El edil pidió que sus palabras fueran destinadas “al intendente departamental, a la directora general de Asuntos Legales, doctora Adriana Graziuso, a la Comisión de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de este Cuerpo, al señor fiscal general de la Nación, doctor Jorge Díaz y al señor ministro del Interior, Eduardo Bonomi”.

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