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Dijo que si bien el fin de esta iniciativa “es muy loable, es impracticable, porque se le va a exigir la gente que sí es responsable de sus animales, que sí tiene una tenencia responsable, y no se va a poder controlar a las jaurías, a los animales sueltos”.

Estimó que también “se le va hacer cuesta arriba” pagar este dinero a la gente que vive en un contexto crítico y que, en algunos casos, tiene dos o tres perros.

“Y a su vez, se le va a agregar una carga a los propietarios, con una doble imposición… Porque por un lado se les va a cobrar la patente de perros, que cuesta 500 y algo de pesos, más otros 500 del chip”, sostuvo.

Moroy indicó que si se calcula que hay una población de algo más 1,7 millones de perros, “estamos hablando por la colocación del chip de 30,5 millones de dólares, que va a tener que pagar la población, más el costo de la patente, que es prácticamente de unos 32,4 millones de dólares”.

“Estamos hablando que la población va a tener que erogar 62 millones de dólares” para un proyecto que no queda claro que cumpla los fines”.

Precisó que el fin debe ser, primero, “reducir la cantidad de animales por medio de las castraciones u otros métodos. Y por medos culturales, enseñándole a la población lo que es la tenencia responsable”.

Sugirió que “habría que unificar la patente con el chip, en un sistema que sea más práctico, para que los usuarios y la gente que paga vea que tiene un fin práctico y no un agujero negro en el cual se van los dineros y no se va a tener el resultado que la población desea”.

Agregó que ya se maneja que se va a fiscalizar y se van a imponer multas que arrancan en cinco mil pesos y llegan a montos más importantes. Por tanto, dijo que la medida ha generado gran resistencia, generando incluso hasta manifestaciones. “Creemos que no es el método, ni es la solución al problema”, afirmó.