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“Al igual que el 6 de diciembre de 2016 y como el 5 de diciembre de 2017, hoy, 4 de diciembre de 2018, nos vamos a referir al tema de la confección, provisión, montaje, desmontaje y traslado de las sesenta nuevas casetas de guardavidas, que nos enteramos por la prensa que se iban a instalar en toda la costa”, dijo en la Junta Departamental.

Indicó que ha tenido que concurrir a Piriápolis, “en diferentes horarios, días de semana, sábados y domingos. En Avenida Artigas ‒de Piriápolis‒, entre las calles Cerrito y Piedras, hay un predio con un cartel de venta perteneciente a la Inmobiliaria Gasalla…; me llamó la atención ver a ocho o nueve obreros construyendo de sol a sol, sin descanso y sin los implementos de trabajo correspondientes, es decir, sin casco, sin zapatos adecuados, sin la protección debida y a cielo abierto, no teniendo en ningún lugar una construcción cerrada para su resguardo y aseo; únicamente vimos allí un baño químico”.

“Estos ocho o nueve obreros construyen casetas de igual característica material y diseño que las construidas por el Consorcio Firaval II y Consorcio Cio. Como ustedes recordarán, les habían adjudicado en la Licitación Nº 16/2017 la construcción de 25 casetas a cada consorcio por un valor bochornoso de 14.000 dólares cada una de ellas. Saquen cuentas y comparen con el metro cuadrado del Antel Arena, que se calcula en 1.580 dólares”, manifestó.

“FALTA DE CONTROL”

“Hoy volvemos a poner en conocimiento de esta Junta la falta de control de las empresas a las que les adjudican trabajos que contravienen el uso de los bienes públicos irregularmente y que estas empresas, además, cometen infracciones ante todos los organismos de contralor, no dejan en el libro de incumplimiento de las empresas que posee la Intendencia... Deberían revisarse los costos de los trabajos a realizar, adecuarse a los materiales y jornales empleados, más las cargas sociales de los operarios, más los aportes patronales”, sostuvo.

Ontaneda dijo que corroboró “con el Municipio de Piriápolis que en esa zona se colocarán 18 casetas nuevas y 7 casetas viejas. Nos preguntamos dónde se construyen las restantes 42 y en qué condiciones se hacen, si se construyen igual que en Piriápolis, a cielo abierto ‒tenemos información de que esas casetas se están construyendo en el acopio de antes de las casetas, en la Ruta 39, en lo que es el viejo mercado frente al ex-frigorífico Codadesa‒”.

Insistió que en el predio de Piriápolis se construye “a razón de una caseta por día, trabajando cuatro días, usando implementos y herramientas como amoladoras, sierras eléctricas y otros y pudimos comprobar, además, que no existe instalación aérea ni subterránea de UTE y no existe el contador de UTE reglamentario que se instala precariamente para la obra”.

Dijo que ya realizó la advertencia a UTE y que denunció la situación de los obreros ante el Ministerio de Trabajo.

IRREGULARIDADES EN LOS VEHÍCULOS

“El material para el armado fue transportado por un camión de gran porte, marca Chevrolet, a gasoil, con acoplado, sin carrocería, sin cabina dormitorio. Este vehículo fue multado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por la División Transporte y en dicho Ministerio figura como inactivo, estando matriculado en Maldonado con la chapa B 303 203 y con el padrón Nº 471.926, que en los datos del acta del Ministerio figura sin dueño. El semirremolque, padrón Nº 365.286, está matriculado en Montevideo con la placa STPO 835, fue empadronado en el año 1988 y su propietario es Nugalir S.A. Ninguno de los rodados tiene permiso del Ministerio, tampoco tienen SUCTA, por supuesto”, denunció.

“Tanto el camión marca Chevrolet como el acoplado marca ACLO están en la siguiente situación: el primero tiene registro como inactivo y no tiene titular responsable y el semirremolque tenía una autorización condicionada que vencía en el año 2006, pero no hubo renovación de tal condición. Desconocemos, además, si están al día con el SUCIVE. Los dos vehículos fueron inspeccionados, por supuesto, por estar en circulación en esas condiciones”, apuntó.

“Además estos vehículos no tienen seguro de pasajeros, tienen vencido el seguro máximo de responsabilidad y turismo y todo figura en las dos actas, una con el número 7-112457 y la otra con el 7-146551, levantadas por el Ministerio de Transporte”, agregó.

Por otra parte, Ontaneda recordó que el daño pasado denunció que el transporte se usaba para el traslado de las casetas no era el adecuado. “Hoy hacen ese traslado en los mismos medios de transporte en que lo hicieron el año pasado. Quiere decir que, o no fueron notificados por la Dirección de Tránsito y Transporte de la Intendencia o no cumplieron con la ordenanza. Por lo tanto, la Dirección de Tránsito tiene que intervenir. También tememos que, por su negligencia, ahora no lo estén haciendo”, remarcó.

“PRESIONES” AL MUNICIPIO

“Con respecto a la instalación de las casetas, pudimos observar que unas están enclavadas sobre la rambla y otras en la arena; sabemos que presionaron al Municipio de Piriápolis diciendo que si no las ponían arriba, que si se colocaban en la arena y el temporal se las llevaba, ellos no las iban a reponer, las tenía que reponer el Municipio de Piriápolis, lo que eso no está en ningún pliego de condiciones de la licitación anterior; de esta, no sabemos si hubo licitación o si hubo ampliación de licitación, porque no figura en ningún expediente electrónico ni en ningún expediente de la Intendencia que se haya llamado a licitación por estos trabajos”, indicó.

Por todos estos temas, elevó un pedido de informes, preguntando, entre otras cosas, “cuántas y qué empresas participan en la elaboración de estas casetas, cuánto insume el costo de cada caseta colocada en el sitio, las certificaciones presentadas por las empresas que están haciendo las caseta y las certificaciones con respecto a la cantidad de empleados”.

Lo dirigió a la Intendencia Departamental, a la Dirección General de Tránsito de la Intendencia, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a UTE, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas ‒Dirección de Tránsito‒, a la Mesa Política Departamental del Frente Amplio, al Municipio de Piriápolis y a la Comisión de Trabajo de la Junta.