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AGESIC, y particularmente su Unidad de Acceso a la Información Pública - creada por la ley 18.381 como órgano desconcentrado de AGESIC con los cometidos expresados en el Art. 21 de dicha ley-, tiene la finalidad dispuesta en el literal B) del mencionado Artículo de: “controlar la implementación de la presente ley en los sujetos obligados”, en virtud de lo cual es un organismo pertinente para conocer en las situaciones de violación a la ley 18.381, informaron los ediles.

PRESENTARON 17 SOLICITUDES

En los meses de diciembre y enero pasados, los ediles habían presentado 17 solicitudes de información por este nuevo mecanismo de la ley aprobada en 2008, relativos a asuntos concernientes tres Direcciones Generales (Administración y Recursos Humanos, Integración y Desarrollo Social y Hacienda) y que abarcaban varios temas (Situaciones funcionales, Ingresos a la administración, Créditos presupuestales, Sanciones, Recaudación Departamental, Ampliación de información de Rendiciones de Cuentas, Gestión de Centros de Atención Infantil de Verano.

Indicaron que, entre ellos, había varios asuntos de gran relevancia política:

- Información económica y financiera relativa a 2015 y 2016,
- Detalles de la emisión de la Planilla de Contribución Inmobiliaria de 2017,
- Contratos de la fundación “A Ganar”
- Llamados a Inspectores y a Chóferes, e ingresos de Becarios y Pasantes
- Procedimiento disciplinario sobre un funcionario ex dirigente de Adeom que dormía sobre una bandera nacional en horario de trabajo
- Contratación de familiares del Intendente
- Funcionarios en comisión que perciben diferencias salariales, ascensos, cambios de regímenes horarios y cobro de primas, régimen de retiro, ingresos a la administración.

LA POSICIÓN DE GRAZIUSO

Todos ellos, fueron negados con el mismo informe de la Dra. Graziuso: “En razón que el solicitante es Edil Departamental, debe canalizar sus pedidos a través del procedimiento previsto en la Constitución de la República, el art. 284, apuntaron los curules frenteamplistas.

Además, explicaron que, como edil, no se puede tramitar asuntos particulares o propios de ningún tipo ante el Gobierno Departamental, por lo que le está vedado recurrir al prescripto por la Ley de Acceso a la Información Pública ya que en la Constitución no existen excepciones al respecto, conforme su art.291 numeral 2º), cuya inobservancia implica la pérdida inmediata del cargo art.292 de la Constitución patria; siendo la situación presente, de estarse tramitando un asunto propio puesto que lo hace en forma personal y el propio Edil así lo afirma en su escrito.

Esta respuesta, que no tiene antecedentes en gobiernos anteriores en Maldonado, motivó un pormenorizado análisis y cuestionamiento y la presentación de las impugnaciones correspondientes a la vista que se concedió en los expedientes, agregaron.

“REPETICIÓN ANTOJADIZA”

“Es ante esta repetición de la antojadiza, equivocada, malintencionada y ocultante interpretación de los derechos de los ediles, de los ciudadanos y de las normas vigentes respecto al derecho al acceso a la información pública, que realiza la Dra. Graziuso, directora de Asuntos Legales de la Intendencia de Maldonado que encabeza Antía, que se ha decidido informar de la situación al organismo que por imperio legal tiene la facultad y obligación de “controlar la implementación de la presente ley en los sujetos obligados”, ley 18381 que está violando la Intendencia de Maldonado”, señalaron los ediles en un comunicado.

Simultáneamente se realizó la misma denuncia en otros ámbitos especializados referentes al tema del derecho al acceso a la información pública, y se preparan las actuaciones judiciales correspondientes, subrayaron.