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Según informó esta semana el matutino El Observador, entre ellos se encontraban beneficios tributarios para construcciones de gran porte donde se incluía exoneraciones al impuesto a la renta de los emprendimientos. También permitía la quita de tributos a la importación de equipos y materiales destinados a las obras siempre y cuando no fueran competitivos con la industria nacional. En febrero, el gobierno extendió plazos y amplió algunos de los estímulos otorgados, como la facilidad de incrementar la exoneración del impuesto a la renta de nuevos proyectos y computar por un 120% de la inversión para determinar el beneficio sobre ese tributo.

Pero mantuvo una condición: la necesidad que se tratara de iniciativas con obras de construcción inscriptas ante el Banco de Previsión Social (BPS) a partir de la vigencia del decreto de 2016. Y el proyecto de la obra de la Torre Trump estaba registrada con anterioridad.

"Estamos lidiando con esto desde 2016, pero no nos concedieron lo que veníamos pidiendo de acceder a los beneficios", dijo a El Observador Felipe Yaryura, uno de los socios del grupo YY Development Group, desarrollador del emprendimiento.

En primera instancia, conocido el último paquete de estímulos el consorcio solicitó a la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap, donde se presentan y autorizan los beneficios) rever la situación y al no obtener respuesta decidió tramitar la solicitud ante otras autoridades de gobierno para buscar mejor suerte.

Yaryura expresó que el recurso elevado al Poder Ejecutivo indica que hay una "discriminación con la torre (Trump) respecto a otros proyectos; se plantea que es inconstitucional porque no parece que tenga razonabilidad excluir a nadie porque ya está realizando la actividad".

Señaló que la normativa aún está en el ámbito del Poder Ejecutivo y por eso "respetuosamente se le plantea al presidente (Tabaré Vázquez) que reconsidere el criterio porque penaliza a los que trabajaban en Punta del Este desde antes".

Como ejemplo marcó que "sería lo mismo que si mañana hubiera pocas panaderías en Uruguay y a las nuevas se le sacan los impuestos pero las que ya están los siguen pagando".

Refiriéndose a la construcción sostuvo que es un "ambiente de negocios donde todos los colegas están haciendo más o menos los mismos productos y para el mismo público; si ellos tienen beneficios y nuestro grupo no eso impacta directamente en los costos, en los precios, en la competitividad y en la eficiencia".

Yaryuta manifestó que el grupo igualmente va a continuar con el desarrollo del proyecto. "Vine a Uruguay a construir una torre no ha hacer un juicio, pero lo que está ocurriendo genera un daño económico innecesario; no se quiere hacer una acción judicial, sería una pena", expresó.

Además, señaló que la limitación al acceso de los beneficios no le permite al grupo la exoneración a los tributos de importación. Indicó que la obra civil está concluida y se entra en la fase final de tener que equipar las unidades.

"Hay que hacer todas las importaciones; revestimientos, muebles de cocina, otros equipamientos que en general no se fabrican en Uruguay y hay que pagar una cantidad importante de dinero de la que se podría estar exento de abonar", explicó.

Más allá de los retrasos y los perjuicios económicos que el grupo enumera tiene previsto dejar finalizado el edificio el año próximo. "En un caso será más gravoso y dejará la puerta abierta para algún reclamo y un sabor amargo y en el otro será más rápido", concluyó Yaryura.

Fuente: El Observador