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El jerarca dijo que ni bien terminó el acto de asunción de las nuevas autoridades municipales, el 8 julio, se encontraron con un grupo de trabajadores de la empresa constructora de estas viviendas, Bega Uruguay, que estaban reclamando porque no se les habían pagado los jornales que habían generado.

Destacó que “al otro día” se comenzó a investigar esa obra y se determinó que “se trata de un convenio que el Ministerio de Vivienda y la Intendencia firmaron en su momento para la construcción de alrededor de 200 viviendas. Ambos contralaron a la Agencia Nacional de Vivienda para que administrara la obra, la que, a su vez, contrato a varias empresas para la ejecución. Y bueno, 113 viviendas fueron adjudicadas a esta empresa, que ya en julio del año pasado estaba con problemas financieros”.

Destacó que, en ese momento, “la Agencia de Vivienda nos dijo que los problemas se iban a solucionar”, pero la situación “se fue prorrogando, con la obra detenida”. Agregó que tras una gestión efectuada en setiembre se aseguro que “la empresa iba a recomenzar en octubre. Así fue. Pero de octubre a enero, tenía que tener un avance de obra de un 17% mensual, solo tuvo un avance de un 3% en total”


Dijo que ante la notoria crisis de la empresa, la Intendencia exigió que se rescindiera el contrato por incumplimiento. “El tema es que hasta ahora se ha estado cumpliendo con el trámite de la rescisión. Ahora estaos en condiciones que ya no está más Bega Uruguay”.

Indicó que se trata de “unas 36 viviendas en una manzana de Cañada Aparicio, con un avance de obras de un 75%, y otras 77 en un complejo que se llama Lomas del Charrúa, ubicado casi Continuación Avenida Aiguá”.

Agregó que el contrato “por las 77 viviendas es por unos cinco millones de dólares. Y hay un avance muy exiguo. No llega a un 25%. Queda prácticamente toda la obra para hacer y un plazo considerable para poder entregar las viviendas a los adjudicatarios. El sorteo se hizo en el año 2009. Y la paciencia de estas familias se está agotando rápidamente”, destacó.

Dijo que, además, está el problema de los obreros, que ya no tienen seguro de paro. Indicó que la idea es contratarlos en forma directa para que terminen las obras en el caso de Cañada Aparicio.

Manifestó que para las otras 77 viviendas, se maneja hacer una contratación de algunas de las empresas que se presentaron a la licitación anterior para abreviar los plazos, pero no manejo fechas.