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El documento establece, en principio, que “mantener el déficit heredado del Partido Nacional fue una decisión política del Frente Amplio: propuesta por el Intendente Oscar de los Santos y sostenida por todos los Intendentes que ocuparon el cargo desde 2005 a 2015, aprobada en decenas de reuniones de gabinete por directores generales de todos los sectores, tratada en varias Agrupaciones de Gobierno y Bancadas de Ediles de la Junta Departamental, y proclamada públicamente en muchas oportunidades y documentos”.

Destaca que “no fue una decisión antojadiza: fue una decisión largamente madurada en los primeros años del quinquenio 2006-2010 que se basaba en otro objetivo valorado, decidido y compartido: lograr niveles de inversión (en infraestructura urbana, vial y turística, en equipamiento público y administrativo, en vivienda social) que eran metas del gobierno frenteamplista, necesidades del departamento y reclamos de la población”.

González señala que con este mismo objetivo “se promovió la venta de terrenos de alto valor inmobiliario y sin uso municipal, para destinarlos a la construcción y gestión del Centro de Convenciones y a la inversión en Vivienda Social, a cuyos efectos se obtuvo la aprobación con la mayoría especial correspondiente de la anuencia para enajenar una primera parte de los padrones, y como procedimiento garantista que aseguraba la aplicación de los fondos obtenidos a los fines previstos, se autorizó la constitución de los Fideicomisos Financiero Inmobiliario de Maldonado, de Construcción y Administración del Centro de Convenciones, y de Vivienda Social.”

También se resolvió “mantener y aumentar la contraparte departamental de inversión en Vivienda Social cuando las características de los programas nacionales no permitieron contrapartes de orden similar y cuando la comercialización de terrenos se realizó a un ritmo mucho menor al previsto inicialmente” y continuar con “la inversión en el Centro de Convenciones pese al atraso en la venta de los terrenos correspondientes, tramitándose una anuencia con mayoría especial en la Junta Departamental para una línea de crédito adicional a la ya existente y transitoria (mientras se terminaba la venta de los terrenos), que si bien aumentaba el déficit, lo extendía parcialmente en el tiempo hasta el año 2017”.

El texto establece, además, que “nada de lo planteado como objetivo al fin del 2015 podía dar lugar a sorpresas: el déficit corriente de corto plazo de la IDM sería de orden similar al heredado del Partido Nacional y se vería aumentado por el avance de la obra del Centro de Convenciones que se financiara por la línea de crédito especial de mediano plazo al 2017. Ambos aspectos del déficit tienen sus propias anclas administrativas y legales: el déficit corriente de corto plazo (el que se toma en el segundo semestre del año y se paga en enero y febrero de cada ejercicio) se financia básicamente con una anuencia de la Junta Departamental que tiene un límite pasado el cual las propias instituciones financieras no asisten a la IDM; el déficit a mediano plazo para el Centro de Convenciones se basa en la otra anuencia que también tiene un límite específico (y se toma en la medida en que no se vendan los terrenos, en cuyo caso o no es necesario tomarlo o se paga la deuda)”.

El ex jerarca señala que “más allá del resultado electoral adverso de mayo de 2015, el resultado de las políticas de inversión está a la vista: el Centro de Convenciones arriba al final de su construcción, la perimetral se concretó en su segundo tramo, las viviendas se han ocupado y se van a seguir ocupando y construyendo en base a los convenios iniciados, el alumbrado público multiplicó su eficiencia y bajó su costo gracias a la renovación tecnológica, los servicios de recolección de residuos tienen niveles de eficiencia difíciles de igualar, la red vial urbana y rural departamental tiene un nivel incomparablemente mayor al del 2005. Y ninguno de estos éxitos en las políticas de inversión, y de generación de empleo, inmediato y genuino de mediano plazo, se lograron en detrimento de las políticas sociales o a costa de la hipertrofia de la estructura administrativa”.

“ El gobierno del Partido Nacional, a la vez que desarma todos los dificultosos avances logrados en consolidación de la carrera funcional, en acceso transparente a la función pública, en respeto al funcionariado de la Intendencia, incrementando en más de un 30% el número de cargos de confianza que significan un aumento de más de un millón de dólares al año solo por ese concepto, cumpliendo seguramente con compromisos asumidos en acuerdos políticos realizados, intenta crear una visión catastrofista de la situación, poniendo en duda las políticas sociales y la inversión futuras, mientras, aprovechando la confusión, intenta conseguir una masa de recursos extraordinarios que comprometen a la Intendencia por varios períodos de gobiernos posteriores, proponiendo un fideicomiso financiero a pagar en varios quinquenios, abultando la suma del déficit con gastos que no se han ejecutado en el 2015 y sin cerrar ninguna de las otras vías existentes de recursos extraordinarios (terrenos) o de endeudamiento (anuencia corriente dentro del período de gobierno)”, agrega.

Y remata que, “mientras tanto, la visión del Frente Amplio en lo inmediato no puede ser otra que la de esperar el resultado de la auditoría encargada al Tribunal de Cuentas, la información sobre la ejecución real del gasto de 2015, y estudiar responsablemente el contenido del Presupuesto Quinquenal remitido por el gobierno del Partido Nacional a la Junta Departamental, para resolver globalmente con todos los datos a la vista, atendiendo a las principales prioridades del departamento y su gente, y a los objetivos plasmados en el programa del Frente Amplio”.