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En las últimas horas se informó que, tras una inspección oficial, se constató que seis de cada diez guardias de seguridad privada, no estaban habilitados, según información que brindó la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior (UNICOM).

La dirección general de fiscalización de empresas del Ministerio del Interior inspeccionó a 1.028 guardias de seguridad privada. Del total, 637 no estaban habilitados, lo cual representa un 62%. Al momento del relevamiento había 41 guardias que presentaban irregularidades o estaban pendientes de investigación, se indicó.

Ballabio explicó que antes el Ministerio del Interior antes no tenía personal para fiscalizar. “Si bien el decreto es del 99, desde esa fecha se ha fiscalizado muy poco”, agregó.

Indicó que hay una explosión de trabajo para los guardias de seguridad “desde el momento en que se empezó a sacar el 2 22”, que prestaban los propios agentes policiales a través de un cobro adicional.

Indicó que el curso que se brinda a los guardias de seguridad “es muy completo” e incluye hasta estudios de carácter psicológico. “Y después esta persona queda registrada en el Ministerio del Interior. Si no tiene el curso, cumple la función que cree, pero no una función complementaria a lo que es la seguridad pública”, precisó.

También señaló que las empresas “no se dan cuenta” que, cuando contratan a una persona que no está habilitada para ejercer como guardia de seguridad, adquieren una responsabilidad penal.

“Si el sereno o guardia, al intentar evitar un robo, lastima al delincuente o el delincuente lo lastima a él, el responsable penal, por la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, es quien lo contrató. Es el caso que pasó, en Montevideo, con el policía que estaba trabajando en la pizzería y lo mataron… Inmediatamente, el Ministerio del Interior hizo la denuncia penal contra el dueño de la pizzería, porque estaba en una contratación ilegal, ya que al policía no se lo deja trabajar en seguridad”, explicó.

Ballabio estimó que las cifras relevadas y divulgadas por el Ministerio del Interior deben ser similares a lo que ocurre en Maldonado. “Sí”, respondió ante una consultad en este sentido. “Hay barrios privados que tienen 20 personas trabajando en seguridad y no tienen a los guardias habilitados… Los propietarios no quieren pagar más. Pero no saben que son responsables penalmente por ese guardia o por cualquier cosa que haga, si no está habilitado”, enfatizó.