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El curul dijo que con la llegada del Partido Nacional y de Enrique Antía al gobierno departamental “la primera víctima es la transparencia”. Además, indicó que cuando decía, en mayo de 2015, “que “si ganaba en ingeniero Antía estaríamos ante una emergencia moral y ética, tampoco nos equivocamos… Lamentablemente, no nos equivocamos”.

Destacó que “el intendente de Maldonado empezó dispuesto a cerrar su gestión a cal y canto. Para eso designó a la Dra. Adriana Graziuso al frente de la Dirección de General Asuntos Legales, quien tendría a su cargo la elaboración de los teorías jurídica más disparatadas que se han leído en años”.

“En la misma línea, la mayoría del Partido Nacional de esta Junta estuvo de acuerdo”, ya que votaron para que muchas de las decisiones de Antía no pasaran al deliberativo departamental, agregó. “El Partido Nacional, con sus votos, determinó que esta Junta resignara parte de sus potestades. Y aprobó que el intendente pueda designar (funcionarios) directa y personalmente, y en claro favor de sus adeptos y seguidores, por fuera de los cargos de confianza, que sí legítimamente puede designar”, apuntó.

Expresó que esto significa para la Junta “resignar parte de sus potestades constitucionales y legales”, porque “autorizó al intendente a tomar decisiones no habilitadas por la Constitución y la ley, todo lo que fue observado por el Tribunal de Cuentas”.

El edil señaló que, en el marco de esa línea, “el intendente decidió no contestar ninguno de los pedidos de informes, formulados al amparo de la Constitución de la República”, sobre temas tales como finanzas, ascensos y contrataciones, entre otros. Manifestó que, tras eso, se intento conocer esos datos a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, pero la Dra. Graziuso “creó la teoría” de que los ediles, por ser tales, “tienen vedado el camino de la ley”, contrariando toda la doctrina sobre el punto, añadió.

Expreso que luego que la justicia rechazara los planteos y obligara a dar la información, la Intendencia dio marcha atrás con el planteo de inconstitucionalidad de le ley. Indicó que, paralelamente se realizó la interpelación a Antía, y que se pasó, de no querer dar la información “porque estaba en juego la vida humana”, a publicarla “esa misma noche toda clase de documentos, algunos de los cuales sí debían estar protegidos y otros que ni siquiera se pidieron”.

Además, recordó que la IDM creó una Unidad de Transparencia, para dar trámite a los pedidos de informes y a las solicitudes de acceso a la información. Consideró que esto “no la hace por voluntad propia; lo hace porque se vio obligado a hacerlo a partir de las constantes denuncias de los ediles de la bancada del Frente Amplio”.

De los Santos afirmó que “el accionar de todo gobernante debe estar sujeto a la ley. Esa es la garantía para toda la ciudadanía. Cuando nos alejamos de eso, cuando justificamos los atajos, cuando miramos para otro lado, estamos comprometiendo no sólo la calidad democrática de la sociedad en la que vivimos, sino la confianza de las generaciones más jóvenes, que nos están mirando y evaluando y a las que debemos demostrarles, con nuestro ejemplo, que la actividad política vale la pena”.

Destacó que “en ese camino estamos, en se camino está el Frente Amplio y nadie podrá apartarnos de él. Así deben darlo por seguro el Partido Nacional y el ingeniero Antía”.