Yusara Herrera, trabajadora sindicalizada del sector de seguridad privada, aseguró en FM Gente que el Ministerio del Interior no regula la actividad de esas empresas porque varias son propiedad de funcionarios policiales –lo cual está prohibido- o ex oficiales o militares retirados. Aseguró que hay múltiples irregularidades.
Facebook
Twitter
WhatsAppHerrera sostuvo que abundan los guardias que no están en condiciones físicas o psicológicas para cumplir tareas en el sector, a quienes se otorga armas sin que hayan realizado prácticas o estén mentalizados para usarlas. También afirmó que se les entregan “chalecos antibalas vacíos”, que no están homologados o que “lo único sano que tienen son los belcros”.
“El ministerio del interior no está interesado en controlar empresas de seguridad, porque están vinculados al Ejército o son funcionarios policiales en actividad”, aseguró. De hecho, sostuvo que en Maldonado hay un policía que tiene una empresa de seguridad para el cual trabajan otros dos policías, ofreciendo servicios en el tambo del empresario Juan Carlos López Mena ubicado en Ruta 12.
Advirtió, asimismo, que en los supermercados de Maldonado y Punta del Este una empresa tiene guardias femeninas calzadas con sandalias Crocs y portando armas, en total incumplimiento de las disposiciones respecto a indumentaria para este tipo de funciones.
19 Apr 2024
19:00
