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No obstante, explicó que esto podría llevar un año de trámite por lo que se "retrasa la inversión y puestos de trabajo que se pierden" mientras tanto. También lamentó que lo votado en diputados impide ganar "130 metros lineales de acceso a la costa del arroyo que iban a pasar a ser del Estado" y que podría usufructuar la población.

Manifestó además, que se trata de una propiedad privada. “Y no podemos ir contra lo que la ley manda”, señaló.

FUNDAMENTOS PARA LOS DOS RECURSOS

En tanto, el prosecretario de la IDM resaltó a FM GENTE este viernes que no sólo se dejó sin efecto el proyecto del hotel, sino el del espacio de 129 metros que permitía el acceso público al arroyo, en un predio que hoy está en manos de un privado. Expresó que, ante la resolución de la Cámara de Representantes, “se abren diversas opciones para ser recurridas. Entendemos, claramente, que es una resolución ilegitima, contiene aberraciones jurídicas notorias y por lo tanto va a ser recurrida administrativamente ante la propia Cámara de Representantes por la Intendencia y objeto de una acción por lesión a la autonomía municipal ante la Suprema Corte de Justicia”, ratificó.

Villegas señaló que el artículo 303 de la Constitución establece determinados requisitos que se deben cumplir. Entre ellas, mencionó que “el acto que se impugna, que en este caso es una resolución del intendente, no sea susceptible de impugnación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). Es un tema técnico, jurídico. Y en este caso, esta resolución era susceptible de impugnación ante el TCA”, afirmó. Consideró que existían “eventuales legitimados”, como los vecinos, para recurrir la resolución “ante el TCA y eso ya cierra la etapa en la Cámara de Representantes”.

Sostuvo que se recurrió a “una estratagema” para ingresar el recurso a la Cámara de Representantes y para la anulación. “Se dijo que el acto del intendente, con la anuencia de la Junta, es una acto de gobierno… Y eso es una barbaridad jurídica”, ya que esto “es una consulta de viabilidad. Nada que ver con un acto de gobierno. Esto, desde el punto de vista formal. Desde el punto de vista sustancial, no hay ninguna vulneración de la ley o de la Constitución. Y de ninguna manera se acreditó”, consideró.

Además, señaló que la resolución incumple con la norma reglamentaria, que establece que debe haber, entre otras cosas, fundamentos de Derecho y narración de los hechos. “Y aquí nada de eso hubo… Se votó un informe a la carrera y con eso anulamos y se revoca un proceso que tuvo diferentes instancias, que fue estudiado por las oficinas técnicas, que motivó análisis jurídicos, que tuvo una resolución del intendente, que fue objeto de contralor por parte de la Junta Departamental”, agregó.

Opinó, además, que esta resolución “incurre en interpretaciones ‘truchas’ de lo que es el Derecho”.

El jerarca dijo que el recurso administrativo se presentará frente a la presidencia de la Cámara de Representantes, en un plazo que no puede exceder de los 10 días luego que se haga la notificación.

Estimó que, seguramente, se va a dejar vencer el plazo de 180 días y se producirá “una denegatoria ficta. Y ahí quedará abierta la vía para plantear una acción de nulidad ante el TCA”.

Pero insistió en que también se va plantear otro recurso ante la Suprema Corte por “lesión de autonomía”, porque “claramente la Cámara de Representantes ha invadido lo que son competencias departamentales”. Informó que este recurso será presentado, aproximadamente, en un mes.

Consultado sobre si hay antecedentes de casos de este tipo, recordó que, por el caso Eden Rock, ya se está tramitando un recurso por lesión a la autonomía.