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La discusión del tema demandó varias horas en las que diferentes ediles argumentaron posiciones a favor y en contra como el caso del curul de Cabildo, Andrés De León, que explicó que su sector hacía prevaler el interés general y que había que respetar la expresión de la soberanía en las urnas que hizo que el Partido Nacional gobernara en Maldonado.

En su fundamentación incluyó algunos mensajes para la interna del Frente Amplio cuando sostuvo que “no se puede estar los cinco años de campaña política” y que “no puede quedar la gente de rehén”.

“Yo no soy pitoniso” dijo De León, “como para ver el futuro, pero sí sé ‒soy testigo y tengo mi cuota de responsabilidad‒ lo que fue el pasado; conozco bastante bien la realidad del Kennedy y la de El Placer. Estamos convencidos y nos vamos a acostar tranquilos porque creo que no pusimos el palo en la rueda en esta cuestión; nosotros votamos la herramienta, ahora la responsabilidad de ejecutar la tiene el Partido Nacional, y que sea para el bien de Maldonado”.

Por su parte, los ediles de la Alianza Progresista, Leonardo Delgado y Fermín de los Santos, argumentaron extensamente las razones por las que entendían que la Junta no debía aprobar el acuerdo por los terrenos.

De acuerdo a de los Santos el Ejecutivo “pone siempre la carreta delante de los bueyes” y afirmó que, en este caso, se necesitaba votar primero una nueva normativa para estos padrones y que luego la Intendencia estaría en condiciones de realizar el fraccionamiento planeado.

Por su parte, su compañero de sector, Leonardo Delgado recordó que en febrero, cuando la Junta votó la expropiación de los terrenos, la Alianza Progresista no había acompañado la iniciativa porque sostenían que “la Intendencia Departamental contaba con más de 50 hectáreas y con recursos del fondo de retorno por mayor valor” que se podían utilizar para el realojo del Kennedy y El Placer.

Sin embargo, estos argumentos fueron rebatidos por varios ediles blancos, entre ellos el propio presidente de la Junta, Rodrigo Blas, que en la fundamentación de voto aclaró algunos aspectos de la discusión.

Blás puso énfasis en que los propietarios de la tierra expropiada tenían postura favorable al acuerdo que debía votar el Legislativo y que había que tener en cuenta que el precio del metro cuadrado pactado era de U$S18,90.

“El acuerdo definitivo entre las partes que se vota y que sella hoy la Junta como marca la ley, marca que cada una de las partes que lo firma está de acuerdo” y eso será definitivo, remató, agregando que luego nadie podrá reclamar otra cosa.

Rechazó de plano argumentaciones que calificaban de “negociado” el acuerdo y recalcó que lo que hubo fue “un negocio jurídico que pasó por el Juzgado, que sella esta Junta Departamental y se acabó; no hay más perro que el chocolate”.

Desde filas coloradas, la curul María del Rosario Borges explicó que si bien entienden que hay que generar soluciones de vivienda, no estaban de acuerdo con esta solución para el tema y también manifestó estar sorprendida porque “hay terrenos cuya tasación bajó en más de un tercio”. Sostuvo que detrás de este acuerdo y la expropiación “hay una serie de compromisos del gobierno departamental que hoy son inestimables”.

Cuando faltaban minutos para las seis de la mañana, la sesión culminó con 24 votos en 31 a favor de aprobar los acuerdos y de esa forma el Ejecutivo continuará con el plan de expropiación y realojo.