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El informe realizado de julio en adelante por la Intendencia dejó en evidencia cifras importantes facturadas a la administración de Maldonado por varias de las cooperativas hoy cesadas.

Asimismo, el Mides auditó y estudió la situación de las cooperativas que cumplían servicios para la Intendencia.

En el caso de Cooperativa Victoria, el MIDES evaluó que dos integrantes de la cooperativa llevaban todo adelante. La describen como una cooperativa de baja participación de socios.

"Son los únicos que conocemos (los dos socios), por lo que hacemos referencia a lo contado por ellos", dice el trabajo del Mides. "No podemos asegurar que la cooperativa funcione regida por el principio democrático, no conocemos a los demás socios y las actas no son explícitas en cuanto a la toma de resoluciones" sigue el documento.

A su vez, se deja constancia que "los libros de Comisión Fiscal y de socios no fueron presentados" así como tampoco hay arqueos periódicos.

La cooperativa Victoria no tenía póliza vigente del BSE a fecha julio de 2015 y tampoco inventario de bienes aunque el Mides recalca que "disponen de una buena cantidad" de los mismos.

La mayor preocupación que genera, dice el MIDES en el informe, es que la cooperativa no brindó su balance de 2013 y libro de caja y agrega que "no quedan claras las condiciones (ingresos, facturación, cumplimiento de normas) en las que se lleva adelante en emprendimiento de fabricación de bloques y columnas que esta cooperativa efectúa en terreno de un particular".

Señala el informe que se alquila un terreno "de forma irregular" y que para poder contabilizar el gasto "se cargan horas de trabajo ficticias por un importe similar al alquiler".

Otra cooperativa es Coospomi, que tiene dirección fiscal en Piriápolis. Allí la persona que figura como tesorera declaró que "a raíz de la última auditoría del Mides que no expidió certificado de situación regular" no pueden recontratar personal por lo que se quedaron con 1 solo empleado, de los 36 que tenían.

Actualmente son 6 socios, dice el Mides, que realizan trabajos en Casa de la Cultura y Paseo San Fernando, "todos fuera de su localidad" y "sigue eludiendo, sin presentar desde mayo de 2014, ningún documento pedido por la auditoría de dicho Ministerio".

La cooperativa llamada Welcome Garden, que había comenzado hacía un año a trabajar, "no tenía grandes movimientos de documentación contable".

Sin embargo, la Intendencia precisó en su informe que a pesar de lo señalado por el Mides, en relación a que esta cooperativa no había tenido grandes movimientos contables (ingresos), entre el 1 de julio del 2014 y el 30 de junio de 2015, Welcome Garden facturó a la IDM por un monto de más de 4 millones 700 mil pesos.

En el caso de la cooperativa Los Cerros, la situación es distinta a cualquiera de las anteriores, de acuerdo a lo señalado por la Intendencia, porque el Mides no le otorgó el certificado de Situación Regular, por lo que se entiende que "ha dejado de ser cooperativa social" y en consecuencia no se encontraría amparada por el Art. 33, literal C numeral 20, del TOCAF.

Los Cerros facturó a la IDM, entre el 1 de julio de 2014 y el 30 de junio de 2015, un total de 4.073.487 pesos.

El 22 de setiembre pasado el Mides dijo que "esta cooperativa no ha respondido a las convocatorias, no hemos recibido informes de avances sobre el levantamiento de sus observaciones. No ha respondido a la convocatoria de la OSC que hace el acompañamiento. En razón de esta situación, no le estamos otorgando el certificado de situación regular".

La Intendencia agrega que, de acuerdo a lo informado por las unidades contratantes, Los Cerros no cumplió con los términos de referencia de sus tareas, siendo la evaluación de su desempeño como "malo- muy malo".

Así se desprende de documentación a la que tuvo acceso FM GENTE. Allí se señalan otras irregularidades por parte del MIDES, que fueron tomadas como punto de partida por la intendencia para cesar a 7 cooperativas que contrataban directamente con la comuna.

El hecho generó malestar en el FA, que argumenta que se optó por el camino de la “desocupación”.

El Ministerio de Desarrollo Social es quien demuestra la situación irregular que avaló el fin de los contratos.



Foto: Archivo