El presidente de la Comisión de Vecinos de Cerro Pelado, Roberto Verde, admitió que los beneficiarios de viviendas sociales en ese barrio incurrieron en “múltiples irregularidades” pero atribuyó la responsabilidad a la Intendencia “que no controló” ni impidió que eso ocurriera. Además, dijo que apelarán a la Suprema Corte de Justicia porque el decreto 3817 sobre el cual se aplican los desalojos, viola la Constitución.
Facebook
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WhatsAppRoberto Verde defendió la postura de los adjudicatarios de viviendas sociales que no cumplieron con el acuerdo firmado en 2006 con la Intendencia de Maldonado para regularizar su situación y que, por esa causa, tienen intimaciones judiciales de desalojo.
El dirigente vecinal sostuvo que la morosidad “es responsabilidad del gobierno" porque no impidió que las viviendas fueran vendidas, alquiladas o modificadas en forma ilegal.
Aunque las autoridades enfatizan que cada familia tuvo múltiples oportunidades de ponerse al día y se les ofrecieron diferentes fórmulas para pagar sus viviendas antes de decretar los desalojos, Verde dijo que muchos no pagaron debido a la inestabilidad laboral y culpó al Estado por darles apoyo desde el Mides (empleos y canastas) sumergiéndolos en la precariedad económica.
También afirmó que los vecinos “fueron coaccionados” a firmar un acuerdo por el decreto 3817 que, a su juicio, viola el artículo 45 de la Constitución. Por eso adelantó que, si los procesos de desalojo continúan, interpondrán un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.
A lo largo de la entrevista, Verde incurrió en numerosas contradicciones respecto a las condiciones de los adjudicatarios que hoy tienen orden de desalojo.
Escuche la entrevista completa con Roberto Verde:
18 Apr 2024
20:00
