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El abogado estimó como “lógica” la preocupación de los comerciantes ante la denuncia presentada por el Ministerio del Interior con el dueño de la pizzería de Pocitos en la que fue asesinado el cabo Wilson Coronel mientras prestaba un servicio de seguridad no habilitado por la ley.

“Saliendo quizás de los jurídico, de repente el objetivo del Ministerio con todo esto tal vez era lograr no la responsabilidad penal del comerciante sino desalentar la práctica de los policías trabajando en esta modalidad. Lo que pasa es que uno no puede resolver todos los problemas que tiene volanteando denuncias penales sin fundamento jurídico. Y menos el Ministerio del Interior, que tiene un montón de asesores… No es un vecino cualquiera. Y hace denuncias jurídicas muy vacías de fundamento jurídico, como es esta”, expresó.

Manifestó que, desde un primer momento, le pareció “un disparate que rompe los ojos” pretender “la responsabilidad del comerciante, por la ley de responsabilidad penal del empleador”, que, “primero que nada, exige que la persona sea ‘empleador’. A mí no me queda claro que el policía sea ‘empleado’ del comerciante. Creo que, en todo caso, le puede arrendar los servicios de seguridad”.

“Pero para que se configure el delito tiene que haber una omisión de brindar los elementos de seguridad requeridos al trabajador… No es el comerciante el que resuelve si el guardia va armado, usa chaleco antibalas, con uniforme… Esas cuestiones no son de resorte del comerciante”, agregó.

“El empleador de fondo es la policía, más allá de que el cumpla su tarea en forma irregular. Eso no tiene nada que ver”, consideró.


Foto: captura de video.