Piden aplazar decreto que obliga a pequeñas empresas a contratar servicio de prevención y salud en el trabajo
Interés General 10:00

Piden aplazar decreto que obliga a pequeñas empresas a contratar servicio de prevención y salud en el trabajo

El senador nacionalista Sebastián Da Silva informó a FM GENTE que, desde mayo, todas las empresas que tengan más de cinco empleados estarán obligadas a contar con un médico y un técnico prevencionista. El legislador del Espacio 40 cuestionó este decreto en un escrito elevado a la presidente de la Cámara de Senadores, Lucia Topolansky, y reclamó que se postergue su aplicación por un año.

Da Silva, que es diputado pero hizo el planteo actuando como senador, dijo que este tema “se nos escapó a todos… Es un tema que viene de esos convenios con la OIT, donde dentro de los escritorios, se proyecta el mundo ideal y después, en la aplicación, cae sobre una realidad del Uruguay que cada día es más angustiante y complicada”.

Informó que el decreto es de 2014 y otorgaba cinco años para que las empresas se prepararan para aplicar este “servicio obligatorio, que pasa porque se armen planes de seguridad laboral con una enorme cantidad de requisitos”.

En la nota elevada a Topolansky, Da Silva indicó que, en mayo, todas las empresas que tengan más de cinco empleados estarán obligadas a contar un con médico y un técnico prevencionista, por lo que solicitó que la entrada en vigencia de la norma se postergue hasta el año 2020.

“SURREALISTA”

Es una exigencia que “carece de sentido” y “surrealista” dada la situación de “crisis económica” que sufren las empresas. Además “nadie imagina cuánto puede salir el servicio de un tecnólogo en salud ocupacional a un establecimiento ovejero ganadero de la zona de Paso de los Mellizos en el Río Negro” pero “solo el pago del viático para el traslado de ese personal se hace imposible sostener”, señaló.

El senador, que realizó una exposición sobre el tema este martes en la Cámara Alta, consideró que en un “contexto de crisis económica” Uruguay “no resiste un solo costo más”. Expresó que la obligación depende “del tamaño de la empresa”. Aquellas que tengan “más de 300 trabajadores” deberán “contratar con un médico permanente”, las empresas de “entre 50 y 300 trabajadores contratar un servicio trimestral, y a las empresas de entre 5 y 50 trabajadores contratar un servicio semestral”. En consecuencia “todas las empresas, incluidas las del sector público, miembros de las cooperativas de producción en todas las ramas de la actividad tendrán a partir de la entrada en vigencia de este decreto un costo agregado a su ya costoso presupuesto”, sostuvo.


Da Silva remarcó que desde enero de 2017 hasta agosto de 2018 se presentaron a concurso 178 empresas de mediano porte, 10 empresas por mes. En ese mismo tiempo se suspendieron 1.465 cuentas bancarias por emisión de cheques sin fondo y 478 cuentas fueron clausuradas. “Empresas de pocos empleados no están en esta nómina, y son las que marcan la crisis en forma anónima, pequeños comercios, micro productores rurales y servicios anexos”, agregó.

“MAS GRAVE” EN EL INTERIOR

Pero “la situación es más grave en el interior”. Es allí donde “falta rentabilidad” por el “pago de costos inauditos” los que se sumaron “a la sequía del año pasado, cortándose parcialmente la cadena de pagos en los rubros de la cadena agrícola y ganadera”. Alertó, asimismo, que también el turismo sufre “las secuelas de una pésima temporada avizorando otro corte en la cadena de pagos en ese rubro tan dinámico para la economía nacional”.

Frente a estas situaciones, Da Silva insistió en que es “surrealista” que empresas con más de cinco empleados “asuman un nuevo costo”, porque ahora ni siquiera se sabe cuánto dinero va a demandar este servicio.

“Eso hace todo menos promover el empleo”, remarcó.

Lo “más preocupante” es que en instancias en que se pierden puestos de trabajo, las “empresas con cuatro trabajadores a su cargo, van a pensar dos veces antes de incorporar” un quinto, vaticinó. Y considerando la crisis productiva y laboral, el senador reclamó “en forma urgente la postergación de la vigencia de esta obligación por un año más, en especial para “las empresas chicas”, de la primera franja, que va de cinco a 50 empleados, ya que en las grandes existen este tipo de controles.

El legislador señaló que, a partir de hoy, va a hacer contactos a nivel político en procura de lograr esta postergación.

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