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El proyecto sostiene que la verificación del incumplimiento de la prohibición dará lugar a que las personas que se sientan lesionadas se encuentren habilitadas a realizar la denuncia respectiva ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

En la exposición de motivos, los diputados Arrieta y Olivera manifiestan que el envejecimiento poblacional que presenta Uruguay y las dificultades para el acceso a puestos de trabajo para determinados sectores de la sociedad, son puntos fundamentales que los impulsaron a promover una “propuesta inclusiva, que tienda a mitigar la desigualdad y las restricciones en el acceso y/o reinserción a la actividad laboral de cualquier índole”.

ELIMINAR CUALQUIER DISCRIMINACIÓN

El objetivo es la “eliminación de cualquier ámbito de discriminación que fomente la selección de las personas por su edad, sexo o identificación de género, y no en función de su capacidad, idoneidad para la tarea, experiencia, estudios y capacitación previa”. La prohibición contenida en el presente proyecto pretende paliar los efectos derivados del impacto de la edad en el empleo, sobre todo en aquellos casos de trabajadores en ambos extremos de la pirámide de edades, tanto entre aquellos que superan los 40 años de edad como entre los más jóvenes que buscan trabajo, sin afectar los regímenes.

Los legisladores blancos sostienen que no debe perderse de vista la situación socio – demográfica, donde Uruguay se ubica como el país más envejecido de América Latina (Banco Mundial - CEPAL 2016), valoración que incide directamente en materia del trabajo y empleo, lo cual supone la necesidad de atender integralmente aquellos ámbitos que generan exclusión social vinculada a estos aspectos, pero por sobre todo cuando afectan a sectores en edad productiva.

Manifiestan que indicadores y encuestas de diversas organizaciones especializadas nacionales e internacionales muestran que el acceso y permanencia de hombres y mujeres en el mercado laboral remunerado son desiguales, dejando a las mujeres en situación de peores condiciones, hecho que limita su autonomía económica. Expresan que según los mismos estudios la tasa de actividad se incrementa según aumentan los ingresos del hogar, tanto para varones como para mujeres; “la desigualdad se profundiza para las mujeres de quintiles de ingresos más bajos, aumentando la brecha de género en ese sector”.

VARIACIONES EN LA TASA DE EMPLEO

Indican que con los estudios realizados se puede afirmar, que al igual que con la “tasa de actividad”, la “tasa de empleo” muestra que ésta varía con la edad, siendo que tanto para varones como para mujeres la mayor tasa de empleo se tiene entre 30 y 49 años, comenzando a disminuir a partir de los 50 años, siendo mayor el descenso de esta tasa para las mujeres que para los hombres. De la misma forma, analizando la “tasa de desempleo” se puede afirmar que es mayor en mujeres que en varones, en todos los rangos etarios.

En la exposición de motivos, y según información recabada en múltiples estudios, se sostiene que a partir de una simple y aleatoria verificación de los llamados u ofertas laborales para puestos de trabajo difundidos en el año 2016, ya sea para el ámbito público o privado, se puede constatar fácilmente la existencia y establecimiento de límites fundados en la edad o el sexo como requisitos excluyentes, fijando mayoritariamente un tope de 35 años. También se observan restricciones en el límite inferior de edad, dejando de lado en muchos casos la posibilidad de que un sector de jóvenes tenga la posibilidad de competir por un puesto laboral.

Finalizan indicando que “todos estos elementos relacionados constituyen importantes implicaciones para el acceso y el mantenimiento de las fuentes de trabajo, lo que sumado al envejecimiento de la población, supone una clara acentuación de este problema, que a través del presente proyecto, pretendemos minimizar”. Agregan que se puede afirmar que “en el actual mercado laboral existen dificultades vinculadas a la edad de los potenciales interesados para el acceso al mismo, siendo aún mayores en el caso de las mujeres, por lo que se entiende necesario contribuir a eliminar esas barreras predeterminadas para los postulantes”.