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En la interpelación que se llevó a cabo este miércoles al Intendente de Maldonado, Enrique Antía, por la compra y el costo de las cámaras de videovigilancia, el edil interpelante Andrés De León apuntó con una batería de cuestionamientos al máximo jerarca, que ordenó, por su parte, desclasificar el contrato de compra con la empresa israelí que tenía el rótulo de 'reservado'.

De León aseguró que luego “de un año” lograron que “el contrato y otros datos se dieran a conocer”, lo que “costó, después de pedidos de informes y acceso a la información pública” que fueron rechazados.

El curul puso énfasis en la compra directa, el costo de más de 21 millones de dólares de las cámaras y la forma de financiación.

El interpelante aseguró a FM Gente tras la interpelación que el gobierno departamental al comprar 1200 cámaras por 19 millones de dólares “pagó tres veces más” que el Ministerio del Interior, que se hizo con 3250 cámaras por 19 millones de dólares.

Además, el edil se quejó de que la información concerniente al tema “podría haber sido contestada por pedido de informes” o “la podían haber hecho llegar antes a la bancada del Frente Amplio”.

Sin embargo, dijo que en vez de eso la Dirección de Asuntos Legales y Jurídicos de la IDM “se dedicó a evadir los pedidos de informes” y a decir que “eran reservados” aspectos que en la interpelación finalmente se dieron a conocer.

El edil aseguró que lo sucedido en la interpelación dejó muy claras las posturas e indicó que el Frente Amplio logró su cometido, el de transparentar la información al respecto.

Tras esta exposición, Antía tomó la palabra y expresó que en los primeros 11 meses de este año en el departamento de Maldonado descendieron los arrebatos y las rapiñas un 54% y un 31%, respectivamente.

Según datos aportados por el ministerio del Interior que comparan delitos en 2017 con relación a 2016 y como resultado del centro de videovigilancia de Maldonado, establecen que además de la baja de las rapiñas en un 31 %, los hurtos cayeron un 4 %, los daños 3%, violencia doméstica 15%, amenazas 11%, lesiones personales 13%, estafas 30%, entre otros delitos.

En declaraciones a FM Gente Antía explicó que el contrato fue directo “porque el propio ministerio (del Interior)” los “autorizó a contratar de forma directa en función de un acuerdo que se hizo gobierno a gobierno”.

“Acá hubo un intento de desprestigiar la compra de las cámaras de parte de la oposición que curiosamente es gobierno nacional. No comprendo por qué la oposición cuestiona la política de seguridad que es de su propio gobierno”, analizó.

“Parte del gobierno nacional entendió que hacíamos una cooperación para luchar contra la inseguridad y llevar adelante este plan de videovigilancia que está dando resultados, no hay números que lo nieguen”, manifestó.

Según Antía, “todas las resoluciones eran públicas, tanto el convenio como los contratos, el monto de la contratación” y aseguró que “lo que no es público es donde están las cámaras y cómo funciona”.

“No se les dio la información en su momento porque estábamos instalando las cámaras. Y por eso hoy vinimos a contestar, porque tenemos datos contundentes. No queremos hablar antes de que se concreten las cosas”, dijo Antía.

En tanto, el presidente de la Junta, Rodrigo Blás, dijo a FM Gente que la interpelación “fueron 12 horas de un dialogo de sordos”.

“Se les leyó el contrato de punta a punta, se les contesto tres y cuatro veces, se les mostró el sistema en todo lo que puede ser público y sigue siendo insatisfactorio, entonces no es un tema de actitud sino de decisión que estaba tomada desde antes”, señaló.

OTRAS VOCES EN LA INTERPELACIÓN

Por su parte, el prosecretario de la IDM, Álvaro Villegas, dijo que "la administración trabajó en convenio con el ministerio del Interior al amparo de varias normativas". Agregó que la secretaria de Estado y la intendencia "marcaron el rol que tendría la empresa Elbit Systems en el proceso".

Villegas leyó luego la resolución 088/10 de 2017 por la que el intendente dispuso la reproducción de los documentos referentes al sistema, contratos y otros, por lo cual momentos después fue subida a la página web de la intendencia.

Sobre la medianoche, el presidente de la Junta, Rodrigo Blás, solicitó un cuarto intermedio, estando motivado por el cumpleaños de Antía este jueves 30 de noviembre.

Al retomarse la sesión, varios ediles del Frente Amplio cuestionaron que se haya difundido el documento del contrato con la empresa israelí que era reservado, publicándose documentación de terceros que podrían generar acciones contra la administración.

El edil Joaquín Garlo (FA) en su alocución pidió la renuncia de la directora de Jurídica, Adriana Graziuso, a quien acusa de negar sistemáticamente información que hoy se hizo pública.

A esto respondió el secretario general, Diego Echeverría, señalando que parece "poco serio que todas las semanas pidan la renuncia (desde el FA) de un director", respaldando la labor desarrollada por la directora de Jurídica.

También llamó la atención a los ediles del FA sobre la contradicción que tienen, ya que reclaman la información pero cuando se difunde critican que se haya dado.

Varios ediles frentistas preguntaron por qué no se envió con anterioridad el documento que se hizo público en la sesión extraordinaria del cuerpo y se hubiera evitado el llamado a sala.

Por su parte, el edil nacionalista Daniel Moroy expresó que el FA tiene una gran contradicción en materia de seguridad porque consideran que está bien que haya "más cámaras, más seguridad" en Montevideo pero en Maldonado está mal.

Villegas hizo alusión al cuestionamiento de algunos ediles sobre la conveniencia de dar a conocer el contrato entre la intendencia y la empresa israelí, estableciendo que la confidencialidad del documento regía para algunos anexos del mismo, tal cual lo dictaminó la jueza al expedirse sobre el recurso presentado por algunos ediles para acceder a la información correspondiente.

También advirtió el prosecretario que los ediles tienen los detalles de financiación del proyecto de las cámaras de seguridad en la rendición de cuentas elevada a la junta y es muy clara.

Finalmente, Roberto Chiachio discriminó el monto de la inversión que realiza la IDM en sus diferentes etapas por la instalación de este sistema que es uno de los más modernos en su tipo y detalló que la suma total asciende a los 21 millones, 865 mil 812 dólares.

Cabe señalar que el ex intendente y actual diputado, Oscar de los Santos siguió el llamado a sala desde la barra de la junta departamental.

Link para acceder a los documentos publicados por la IDM: http://www.maldonado.gub.uy/?p=a02ffd91ece5e7efeb46db8f10a74059