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El curul dijo en la sesión de la Junta Departamental que “el jueves de la semana pasada llegó esa partida que algunos decían que nunca iba a llegar, el compromiso y el convenio firmado entre ASSE y Cerema; los $800.000 llegaron a Cerema y hoy pudo pagarles a sus funcionarios”.

“El gobierno del Frente Amplio a nivel nacional cumplió con el compromiso asumido. Cerema recibió la primera partida, está para discutirse la Rendición de Cuentas donde Cerema se va a incorporar a la ley ‒cuando esté la aprobación definida, porque tiene media sanción‒ como Centro de Referencia Regional, y será un avance para el departamento de Maldonado, tal como estaba previsto desde que Cerema se creó. Cuando hubiera una Ley de Centros de Referencia Regional, Cerema iba a formar parte de eso. El gobierno del Frente Amplio cumplió y, cuando asume un compromiso, lo efectiviza”, destacó.

Por otra parte, Delgado se refirió a la situación de la ONG Maestra Juana Guerra.

“Esa ONG hacía tareas de mantenimiento en la peatonal Sarandí, donde había un convenio firmado con la Administración del Frente Amplio, y ese trabajo se siguió realizando cuando asumió la Administración departamental del Partido Nacional. En 2017 cayó el convenio, y la Administración actual decidió no renovarlo. La Administración tiene las potestades, pero no prioriza a este sector de la población y sí prioriza otras cosas”, destacó.

“Está bien, puede ser cuestionable, pero está en su derecho; pero en lo que no está en su derecho es en no haberle pagado a la ONG por el servicio prestado desde el año 2016 a mayo de 2017. Hoy la Intendencia Departamental le debe $1.100.000 a la ONG Maestra Juana Guerra”, apuntó.


“Por más que no se firmara el convenio nuevo y por más que la Administración tuviera el derecho a no renovarlo, debe pagarle el dinero porque el servicio se prestó. A lo que no tenía derecho era a no pagar por el servicio que la ONG brindó, habiendo, además, un convenio firmado con la pasada Administración", señaló.

El edil dijo que la ONG, que acaba de visitar, “atiende a 52 personas con discapacidad, de entre 17 y 67 años, donde se trabaja de forma excepcional: hay un maestro que trabaja con los chiquilines, hay profesores de canto, se trabaja en una huerta”.

“Es un centro, un hogar que se construyó con recursos del Gobierno nacional y del Gobierno departamental de la pasada Administración, pero hoy el Gobierno del Partido Nacional tampoco prioriza a esa ONG”, agregó.

“Queremos solicitarle al intendente departamental que trate de efectivizar el pago a la ONG Maestra Juana Guerra, porque es un convenio que estaba firmado y porque, además, la ONG brindó el servicio para el cual se había asumido un compromiso por parte de la Administración”, reclamó.