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Rodríguez, que en su momento informó en FM Gente sobre irregularidades en este tipo de campañas, dijo ahora que “hay que separar muy claramente lo que fueron las comisiones de apoyo a la policía, a las seccionales, y lo que fue la denuncia mía sobre la venta de bonos colaboración”.

“La venta de bonos no molesta, en la medida que uno sienta que está colaborando y que lo pidan de buena manera. Es diferente la forma cómo se habían venido conduciendo. O se vienen conduciendo… Acá hay que tener en claro que se cortó la venta de los bonos de las comisiones de seguridad policial. No se está cortando ni se está prohibiendo, o por lo menos yo no veo el alcance, que los sindicatos sigan el procedimiento que venía llevando a cabo, de prácticamente exigir al colaboración de la gente en cuanto a la venta de estos bonos”, destacó.

El legislador dijo que hay bonos “legales” y otros “truchos”. Manifestó que tiene en su poder “un bono de la comisión de colaboración policial de apoyo a la Seccional 10ma. de Punta del Este, firmado por el comisario Pioli. Sabemos hacia donde iba el dinero. A mí no me termina de dejar satisfecha en la medida que esta resolución no aclara mucho en cuanto a que los sindicatos no pueden seguir procediendo como lo venían haciendo hasta hace poco tiempo atrás”.

Dijo que después que hizo la denuncia recibió múltiples comentarios de vecinos que le comentaron que prácticamente eran presionados para colaborar.

Rodríguez dijo que quedó en claro, a través de FM Gente, que “los propios responsables del sindicato decían que ellos no se hacían responsables de la forma en la cual la empresa vendía los bonos”.

En tanto, el jefe de Policía de Maldonado, Erode Ruiz, dijo a FM Gente que lo que está pasando con los bonos de colaboración deja la imagen policial “en una situación incómoda. Hay empresas privadas que aducen estar recaudando dinero a favor del policía, de la Policía, o determinadas dependencias”.

Dijo que cuando se tomó conocimiento de estas acciones se hizo la denuncia correspondiente y se ha dado intervención a la justicia.

Destacó que “ni el Ministerio del Interior ni la Jefatura de Policía tienen ni autorizan la venta de bonos. Es evidente que la única perjudicada ante la opinión pública es la propia Policía por la forma compulsiva que, en muchos casos, casi se exige al vecino o a los comerciantes que tiene que comprar un bono, porque si no, no van a tener la seguridad que pretenden. Eso nos deja en una posición muy incómoda. Y no es justo, porque no es la institución policial la que está disponiendo eso. Muchas veces ignoramos quiénes andan vendiendo… Eso nos causa mucho dolor, porque queremos tener una buena imagen ante la población”.

El Ministerio del Interior recordó en su página web que el pasado 25 de abril el Presidente de la República firmó el decreto por el cual se prohíbe la actividad de cualquier comisión o grupo que pretenda recaudar bonos o colaboraciones económicas para la Policía Nacional. Desde esta fecha se disuelven las ya existentes y se impide la creación de otras.

El 11 de marzo de este año la Jefatura de Policía de Maldonado emitió un comunicado que le recordaba a la población que no estaban autorizadas ningún tipo de comisiones de colaboración para la Policía. En esa comunicación el Ministerio del Interior le solicitaba a la ciudadanía que si le ofrecían “bonos colaboración” en nombre de nuestra institución, no aceptaran los mismos.

Esta solicitud se realizaba en el entendido de las irregularidades que se constataron en muchas de las Comisiones que funcionaban, donde los recursos y las colaboraciones no siempre terminaban en la Unidad a la que decían ayudar. Con el nuevo decreto presidencial, se disuelven todas las comisiones que recaudaban colaboraciones y donaciones para la Policía Nacional y se prohíbe la creación de futuras.

La nueva normativa argumenta además que “las necesidades que se cubren con los recursos obtenidos a través de las Comisiones de Colaboración Policial son efectivamente satisfechas por las compras efectuadas por el Estado”. En este sentido el Decreto indica que la supresión de estas formas de colaborar no inhibe a que se realicen donaciones para la Policía sino que se recuerda la normativa para tales efectos. En el caso de que un particular u organización civil desee realizar un donativo para cualquier institución estatal, éste deberá regirse por las disposiciones del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (T.O.C.A.F.).

Por otro lado, se decreta que en el caso de las comisiones existentes, se dispondrá de un plazo de 10 días a partir de la fecha de aprobación de la normativa, para “depositar el dinero que aún se encuentre en su poder en el Banco República, en la cuenta bancaria del Ministerio del Interior”. Asimismo expresa que “los Jefes de las Unidades Policiales que cuenten con una Comisión de Colaboración Policial, tendrán la obligación de controlar que el depósito referido haya sido realizado en tiempo y forma”.