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Según se determina, los apartamientos que estas obras presenten a las normas que regulan la construcción en el ámbito departamental serán analizados por los servicios técnicos, de acuerdo al detalle de criterios básicos y pasarán a la Junta Departamental en caso de corresponder por razones de juridicidad. En tanto, el Ejecutivo Departamental instrumentará para los casos mencionados un trámite único de albañilería y sanitaria.

Asimismo, a efectos de que el procedimiento de regularización se sustancie con celeridad, se requerirá -dentro del plazo de vigencia- que el interesado presente una solicitud por formulario, firmada por el propietario, y un técnico registrado ante la Intendencia, exhibiendo recibo de Contribución Inmobiliaria correspondiente al ejercicio en curso y adjuntando certificado notarial que acredite la propiedad, así como certificado técnico que informe sobre antigüedad de las construcciones.

El gestionante deberá presentar en un plazo máximo de seis meses, a partir del ingreso del trámite, los recaudos gráficos correspondientes, según lo establecido en el Artículo Nº 9 del Texto Ordenado de las Normas de Edificación (TONE), el que podrá exceder el término de vigencia del presente Decreto. La no presentación de los recaudos en los plazos establecidos hará perder todo derecho del interesado a acogerse a estas disposiciones. En este caso, podrá reiniciar el trámite si estuviese aún dentro del plazo de vigencia del presente acto legislativo.

Las personas que se amparen bajo este Decreto podrán recibir, por parte de la Intendencia de Maldonado, la Habilitación Final de Obras sin controlar si se ha procedido a inscribir la obra en el Registro de la Construcción del Banco de Previsión Social, establecido en el Decreto Nº 471/81 del 16 de setiembre de 1981, debiéndose dejar constancia de tal extremo.

Las construcciones se clasificarán de la siguiente manera:

Viviendas individuales.

Bloques o conjuntos de bloques.

Edificios exclusivamente para industrias y comercio.

Conjunto de locales comerciales.


También se exonerará el pago de tasas de edificación a las viviendas destinadas a regularizar que se encuentren ubicadas en determinadas zonas.

Por otra parte, se indica que el estudio y contralor de esas obras será ejercido por la Dirección de Control Edilicio, y la autorización correspondiente deberá contar con la firma de la Subdirección General de Urbanismo y de la Dirección de Control Edilicio.