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La normativa busca fomentar y potenciar la seguridad alimentaria y nutricional, al mismo tiempo que la racionalización de los productos alimenticios y el combate contra su pérdida o desaprovechamiento, explicó el legislador de Ciudadanos a FM GENTE.

Peña recordó que “este proyecto en realidad en la legislatura anterior, en 2016”, en la Cámara de Representantes y “tuvo un fuerte respaldo de las organizaciones sociales, del PIT-CNT y de la FAO”, aunque no se logró que prosperara y saliera de la comisión.

AMÉRICA LATINA: 300 MILLONES DE KILOS POR DÍA

“Esto se enmarca en una problemática global, que es el desperdicio de alimentos”, señaló. Destacó que la FAO estima que entre el 30 y el 50 de los alimentos que se elaboran, se pierden. “En América Latina se habla de unos 300 millones de kilos de alimentos por día”, ilustró.

Dijo que esta problemática cobra especial significación a raíz de la emergencia sanitaria y la crisis económica “que vamos a enfrentar… Están resurgiendo las ollas populares, las cadenas solidarias… Y han puesto este proyecto de nuevo sobre la mesa. Pero, en realidad, está pensando para todo el tiempo, no sólo para los momentos de crisis”,

El senador indicó que la iniciativa se enfoca, especialmente, en las grandes superficies e industrias, que no podrán desechar alimentos que están habilitados todavía para ser consumidos. “Para eso, tendrán que convenir con organizaciones sociales”, que necesitan insumos. “En Uruguay ya hay un Banco de Alimentos, por ejemplo” y ONG que se dedican a esto, remarcó.

Dijo que para acceder a estos acuerdos y a la entrega gratuita de estos alimentos tienen que registrarse en el Ministerio de Desarrollo Social.

Dijo que la FAO hizo un estudio que muestra que “Uruguay pierde 600 millones de dólares por año en alimentos que tira. Hay mucho para hacer. Y esto es un comienzo”, enfatizó.

DETALLES DEL PROYECTO

El poryecto establece, entre otras cosas, que “los supermercados, los establecimientos comerciales de grandes superficies destinados a la venta de artículos alimenticios, la industria alimentaria, las empresas elaboradoras de alimentos y aquellas dedicadas a su distribución y comercialización, no podrán destruir o tirar comida o productos de alimentación que se han quedado sin vender y que todavía se encuentran en condiciones de ser consumidos, o que ya no se encuentran aptos para su venta pero que todavía sean válidos para su consumo humano, ni productos considerados excedentes, ni podrán almacenar comida que se acerque a su fecha de caducidad”.

También señala que estas empresas “ deberán acordar convenios de colaboración con bancos de alimentos, entidades, ONG u organizaciones, benéficas o de caridad, que den asistencia a personas en situación de pobreza o indigencia, donando gratuitamente esa comida o productos, para que éstas puedan multiplicar el número de comidas gratuitas que brindan diariamente”.

A su vez, los bancos de alimentos, entidades, ONG u organizaciones benéficas o de caridad, que firmen convenios al amparo de esta norma “tendrán la obligación de recoger y almacenar los alimentos en condiciones higiénicas y distribuirlos adecuadamente. Serán responsables del retiro, conservación, depósito y refrigeración necesarios para gestionar las donaciones provenientes de comercios y empresas alimentarias. Asimismo serán los encargados de distribuirlos entre los necesitados en forma absolutamente gratuita. Todo ello conforme a lo que dicte la reglamentación”.

Asimismo, fija que, “en los casos de productos caducados, los mismos tampoco podrán ser tirados, ni destruidos, sino que se deberán adoptar mecanismos y procedimientos, a fin de que los mismos sean destinados a la alimentación de animales o a la producción de compost para la agricultura”.