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El trabajo entre el Gobierno nacional y las intendencias para el desarrollo de políticas territoriales de alcance nacional con perspectiva local es complementario y mancomunado, destacó el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García. En este sentido, recordó que Uruguay dispone de los acuerdos quinquenales entre ambos niveles de gobierno como una herramienta de trabajo efectiva que ha permitido, por ejemplo, establecer reglas de juego claras para la transferencia de recursos económicos.

SE CUMPLIÓ CON LO COMPROMETIDO

García precisó que desde el año 2005 “todos y cada uno de los dineros comprometidos en el acuerdo” fueron recibidos en tiempo y forma por parte de las intendencias. “Si no los recibieron fue porque no realizaron alguna tarea acordada previamente, pero no ha habido un cumplimiento mejor en la historia del Uruguay con los gobiernos departamentales que desde 2005 en adelante”, destacó.

Según datos de la Dirección de Descentralización e Inversión Pública, entre 2004 y 2017 las transferencias a las intendencias crecieron un 125 % en términos reales y pasaron de menos de 7.000 millones de pesos a más de 15.500, el equivalente a más de 500 millones de dólares. En tanto que, en los primeros cuatro meses de 2018, los fondos transferidos superaron los 4.800 millones de pesos. “Es la séptima u octava prioridad que tiene el Uruguay en materia de presupuesto global e implica la posibilidad de, en los diferentes programas a los cuales se aplica, contar con obras importantes en todos los rincones del país”, indicó García.

La mayor parte de los fondos están previstos en el artículo 214 de la Constitución y son de libre disponibilidad. El resto se compone de los recursos disponibles en el Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), el Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional (PDGS), alumbrado, unificación de la patente de rodados, Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal, caminería rural y departamental, y la ley de remates y semovientes.

El FDI está compuesto por un porcentaje de los tributos nacionales recaudados fuera de Montevideo y es devuelto a los territorios para ser invertido en proyectos. El 66 % del monto total es ejecutado de manera directa por los ministerios del Gobierno nacional y el 33 % restante conforma el programa FDI, cuya ejecución corresponde a las intendencias. Este monto se distribuye entre los 18 departamentos, según un porcentaje calculado en relación con la población y su nivel de desarrollo. El programa cofinancia los proyectos de inversión junto con las intendencias, en una relación aproximada del 85 % de la inversión. Por este concepto, fueron derivados a los gobiernos departamentales en 2017 unos 1.023 millones de pesos y 726,5 millones de pesos en el primer cuatrimestre de 2018.

Por su parte, el PDGS consiste en un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ejecutado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, destinado a obras de gran porte a nivel departamental. En 2017 las intendencias recibieron casi 295 millones de pesos y hasta abril de 2018, unos 99 millones de pesos. García destacó el buen funcionamiento de este instrumento, que dispone de una “muy afinada reglamentación” y permite a las intendencias utilizarlo en el marco de su autonomía y realizar al menos “una o dos obras grandes por departamento, por período de gobierno”.

CAMINERÍA RURAL

A estas herramientas de financiamiento, se suman los recursos por concepto de caminería departamental, que alcanzan unos 230 millones de dólares para todo el período, “la mayor cifra de la historia en esta materia”, puntualizó el director de la OPP. A su vez, destacó la importancia de esta inversión para la mejora de la infraestructura vial en un contexto de mayor actividad económica y, por lo tanto, de un incremento en el movimiento del transporte terrestre.

Cada uno de los proyectos presentados por las intendencias es analizado para su aprobación por la Comisión Sectorial de Descentralización, encargada, a su vez, de asesorar al Poder Ejecutivo en las políticas y planes de descentralización. Está conformada por los intendentes de los 19 departamentos, o los delegados designados del Congreso de Intendentes, un representante del Ministerio de Economía y Finanzas y uno de OPP, dependencia encargada de realizar un seguimiento exhaustivo sobre el avance de los proyectos.

La información general, así como el avance de cada uno de los proyectos, pueden ser visualizados a través de la herramienta web Mirador Ciudadano, la cual dispone de un mapa georreferenciado por localidad y programa, se indicó. “Tratamos de utilizar los recursos de la manera más eficiente y más transparente posible”, señaló García.