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Luego de largos y engorrosos trámites, el juez Sebastián Casanello logró que se efectivizara el pago que solicitó a la Dirección General de Administración Financiera del Consejo de la Magistratura y de ese modo consiguió que el yate Altamar 64 cruce el charco y regrese desde Uruguay a la Argentina.

El juez Casanello y el fiscal Carlos Rívolo tienen a cargo uno de los capítulos aún no finalizados de la causa por enriquecimiento ilícito por la que el ex funcionario ya fue procesado y enviado a juicio oral y público. Jaime no pudo justificar como "compró" bienes -que puso a nombre de otras personas- como un avión de cuatro millones de dólares, varias casas, algunos autos, un diario, una radio y un hotel en la ciudad cordobesa de Carlos Paz.

Se comprobó que Jaime se enriqueció durante los años que fue funcionario. Además confesó haber cobrado coimas de empresarios a los que debía controlar mientras decidía millonarios negocios.

En el expediente por enriquecimiento ilícito se investiga aún cómo fue que Jaime se quedó con el yate Altamar 64 matrícula DL2153AC valuado en un millón de dólares.

En la operación de la compra del yate participaron Carlos Lluch y Raúl Viola dos abogados ligados a la empresa Trenes de Buenos Aires, que explotaba colectivos y ferrocarriles bajo la supervisión de Jaime, por lo que los investigadores no descartan que la embarcación haya sido una de las tantas coimas que cobró el ex funcionario por parte de empresarios a los que hacía que controlaba.

El 10 de marzo de 2009, unos meses antes de que Jaime fuera obligado a abandonar su cargo, la empresa Dalia Ventures LLC, con domicilio en Delaware, Estados Unidos, compró el yate.

La investigación judicial determinó que dos testaferros de Jaime, Manuel Vázquez -preso con detención domiciliaria- y Silvano del Carmen Mazzucchielli eran los autorizados a retirar el yate del astillero que lo construyó. Eso condujo directamente a Jaime, jefe de la banda que recaudaba en la secretaría de Transporte.

Casanello y Rívolo pidieron repatriar el yate con el fin de "asegurar la conservación de la embarcación y el eventual decomiso y recupero de activos". El yate se encuentra en buen estado, listo para navegar y puede llegar a ser vendido por una cifra muy superior a la de los costos de traerlo. Se calcula que los gastos para realizar el procedimiento y que el yate termine amarrado en un puerto argentino, rondan el millón de pesos.

La Justicia sospecha que Jaime, preso en el penal de Ezeiza desde el año pasado, se quedó con el yate a partir de negociados que hizo en el área de Transporte que encabezó entre 2003 y 2009 durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Cuando en 2013 el yate fue descubierto en Uruguay, los dueños –que lo habían llevado al puerto para reparar– lo dejaron abandonado. Nunca nadie lo reclamó. Debido al abandono se contrajo una deuda que es la que se le debe pagar a las autoridades uruguayas para que la embarcación pueda abandonar Piriápolis. Desde entonces comenzó un largo trámite que hoy llegó a su fin. El yate será trasladado a Zárate, donde la Prefectura tiene su Instituto de Formación. Allí quedará anclado y la Prefectura oficiará como depositario judicial.

Uno de los símbolos de la corrupción del kirchnerismo navegó desde Uruguay hacia Argentina. Un yate de un millón de dólares que era de un funcionario que cuando llegó a ocupar su cargo en 2003 no tenía ni siquiera dónde vivir: se alojó en un hotel sindical que le cobraba 30 pesos la noche.



fuente y foto: Infobae