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El hecho ocurrió el fin de semana. El propietario de un vehículo que había quedado estacionado en el playón de un local que ofrece lavado de vehículos notó al regresar que le falta un IPad que tenía en el auto.

Habló con el propietario del local y se formuló la denuncia policial. Con la intervención de personal de la Seccional 10ª de Punta del Este se pudo establecer que la sustracción la habían realizado B.G., quien tenía antecedentes penales, y L.G., primario absoluto.

Cuando se sometió a interrogatorio a estos dos hombres admitieron haber sustraído el IPad del auto, pero coincidieron en afirmar que lo habían vendido a un conocido, C.C., por 500 pesos.

C.C. fue detenido también pero en su descargo sólo atinó a argumentar que no conocía la procedencia del IPad, una computadora en formato de tabla con la que la empresa estadounidense puso en marcha la actual era de los equipos móviles conocidos por tablet.

El argumento de C.C. cayó por su peso no bien salió de su boca, porque admitió que había pagado 500 pesos por un equipo que tiene un valor de mercado superior a los 800 dólares, unos 17.500 pesos.

Parece que la juez en lo Penal de 4º turno, en cuyo despacho cayó el caso, opinó lo mismo, C.C. debió al menos sospechar la procedencia del IPad que estaba comprando cuando por él pagó sólo 500 pesos, por lo que dispuso su procesamiento sin prisión por encontrarlo autor de un delito de receptación, recibir un bien robado o de procedencia delictiva para sacarle un provecho personal pecuniario o de otro tipo.

Respecto a los autores materiales del robo, la magistrado hizo una distinción. A B.G. le procesó con prisión por sus antecedentes penales, y por haberlo encontrado autor de un delito de hurto. B.G. fue enviado a prisión mientras se completa el proceso judicial del que saldrá una sentencia que determinará el tiempo que deberá cumplir por condena.

La juez encontró a L.G. como co-autor de un delito de hurto, lo que implica responsabilidad directa sobre el delito cometido, pero por tener su prontuario limpio decidió darle una segunda oportunidad al no privarle de su libertad. De todas formas L.G. deberá esperar que termine la instancia judicial para saber si la sentencia final del caso confirma la decisión de la juez que le procesó en primera instancia, o si modifica esa resolución.