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“Mi participación en el proyecto es como imagen y como testigo respondí lo que sabía. Es un tema de los vecinos de Selenza”, expresó la reconocida modelo internacional.

En noviembre de 2011 el estudio de abogados SPU presentó una denuncia contra la empresa Odelpark SA, sociedad que integran Alejandro Gravier, su esposa Valeria Mazza y el grupo español Rayet para la construcción de lo que se dio en llamar Selenza Manantiales, un complejo de 48 departamentos, casas, hotel boutique y spa de primer nivel en Punta del Este.

Los abogados, que representan a vecinos que se oponen a la obra, alegaron que la empresa presentó información inexacta para acceder a los permisos ambientales.

La modelo fue la cara visible del emprendimiento y como socia del mismo fue citada a declarar. La jueza Graciela Pereyra aceptó que lo hiciera por exhorto en Buenos Aires, pero el pasado viernes la empresa presentó una nota al juzgado ofreciendo el testimonio de Mazza para este miércoles, lo cual fue aceptado por la magistrada.

La demanda iniciada por vecinos de la selecta zona del balneario, apunta a los inversores y a la Intendencia de Maldonado. También se hizo en su momento una presentación ante la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) porque el informe de impacto ambiental, según los vecinos, presenta irregularidades por el tamaño de las construcciones que podrían afectar el suelo y porque no hay una definición acerca de cómo se va a obtener el agua del mar necesaria para la talasoterapia, principal atractivo del spa que ofrece Selenza. También acudieron a un recurso de amparo a la Intendencia por la aprobación de un proyecto que incumple la normativa y por una exoneración tributaria que ellos consideran irregular.

Desde la Intendencia se defendió el proyecto, la legalidad de su construcción y los trámites realizados.

Según los abogados defensores de los vecinos -técnicamente denominados "intereses difusos porque no hay un nombre que los agrupe- Mauricio Fioroni y Marcelo Nievas, de la firma SPU Abogados, el decreto debe ser anulado porque contradice uno de los artículos de la ley 18.308 que busca modificar: "No fueron sometidos a la participación pública antes de sancionarse".

"Los decretos no se hicieron, como ellos dicen, para favorecernos a nosotros. Los decretos se aplican a toda la zona de Manantiales, y se dictaminaron antes de que nosotros compráramos estos terrenos", explicó Gravier en la nota de La Nación. Sin embargo, los vecinos que han denunciado afirman que "los contratos de compra-venta ya estaban en marcha desde 2007, y el decreto se lanzó en 2009. Parece hecho a medida", dijo Javier Silva, uno de los vecinos de Manantiales.




Fuentes: El País y Subrayado

Foto:iProfesional.com