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Guerra explicó que “el propósito, primero que nada, es frenar los remates. Acá hay una denuncia. Y la Fiscalía, recién en cuatro meses, procede a la primera citación”.

“Ya nos han rematado cinco casas… Tenemos tres remates para febrero y oros tres para marzo. Si esto no se frena, nos van a rematar todo el barrio”, señaló.

Recordó que la denuncia contra la empresa Nelori S.A. y contra el BHU es porque “hubo gente que entregó 20, que entregó 30 o que pagó 50 mil dólares y se le remata la casa. Si tienes promesa inscripta, puedes llegar a un acuerdo. Y si no, vas a remate. Pero el acuerdo es con cuotas de hasta 600 dólares. Y todavía no te toman lo que entregaste. Es una estafa. Segamos siendo rehenes de una empresa que pidió una plata, no la pagó. La responsable es Nelori S.A. Y no pueden dejar de rehén a la gente”.

Manifestò que ya se habló con los políticos del departamento y se vio buena voluntad, pero no hay una solución. “Hemos hablado con diputados, ministros, ediles… Y esto lo tiene que frenar alguien. Ahora está en manos de la Justicia. Quiero creer que van a suspender los remates hasta que la Justicia se expida”.

Dijo que, hace 10 o 12 años, cuando el tema lo tomó la Agencia Nacional de Vivienda, los vecinos pensaron que el problema se iba a arreglar. “Pero nunca hubo nada de interés de parte de ellos. Nos han mentido hasta el día de hoy”, enfatizó. Destacó que hubo gente que hizo un acuerdo con la ANV y está pagando una cuota “de arriba de 17 mil pesos y el recibo sale a nombre de Nelori S.A., una empresa que no existe, que está fundida. Yo nunca haría un acuerdo a nombre de Nelori”.

“Acá no solo hay estafa… Hay mala fe, también. Mala fe de la Agencia. Y del Banco, que le largo esa carpetas a la Agencia y se lavó las manos. Si Nelori lo estafó, que la empresa se haga responsable. Pero no nosotros, que queremos pagar la vivienda”, apuntó.

En El Cortijo, ubicado en la Perimetral y Lussich, viven unas 100 familias y se estima que 80 son las que sufren esta problemática. Guerra dijo que su grupo lo integran unas 40 personas, a las que patrocina el abogado Diego Durán. “Hay muy poquitas casas escrituradas… Serán 18 o 20. El resto creo que están en el mismo problema que nosotros”, indicó.