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VUELVE EL JUEZ ESTRELLA. El juez del PSOE. El juez de los GAL. El juez contra el PSOE. El juez de la Gürtel. El juez contra el PP. El juez que persiguió a Pinochet. El juez estrella. El juez comprometido. El juez juzgado. El juez condenado. El juez inhabilitado. Y ahora, Baltasar Garzón es el juez al que el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha dado la razón nueve años después de ser inhabilitado por el Supremo.

El magistrado ha conseguido una reparación moral, pero no material, del proceso que acabó con su carrera en febrero de 2012, cuando fue inhabilitado once años por intervenir las comunicaciones de los investigados en la trama Gürtel, que él mismo destapó.

Aquella sentencia que le tachaba de “totalitario”, “arbitrario” y de “laminar derechos” es tildada precisamente de “arbitraria” por el Comité de Derechos Humanos, que critica que el Supremo no observó las preceptivas garantías judiciales para con Garzón, al que privó, dice, de una segunda instancia a la que recurrir.

En su dictamen, que no es vinculante al no tratarse de un Tribunal de Justicia, el Comité exige al Estado que proceda a una “reparación integral” de Garzón, que borre sus antecedentes penales y que le proporcione “una compensación adecuada por el daño sufrido”.

A muchos esta historia les habrá sonado a chino al verla en las noticias. Otros quizás no se acuerden de dónde viene. Los habrá, incluso, que no conozcan al personaje.

Difícil para un hombre que ha sido protagonista a rachas de las últimas tres décadas de la política española.

Desde que comenzara desarticulando organizaciones de narcos como la que lideraba Laureano Oubiña a principios de los 90, en la famosa operación Nécora que años después le traería algún que otro quebradero de cabeza precisamente por unas escuchas ordenadas durante la instrucción.

Ya por entonces se hablaba de él en los periódicos como “el famoso juez”. Más aún cuando llevaba años investigando los GAL, lo que no le impidió concurrir como sorprendente número dos del PSOE por Madrid a las elecciones generales del año 1993. Se había pedido una excedencia que tardó poco en concluir, ya que menos de un año después de ser nombrado secretario de Estado del Plan Nacional sobre Drogas, dimitió al no sentirse escuchado por Felipe González.

Reactivó el sumario de los GAL al reincorporarse a la judicatura y sus investigaciones acabaron con José Barrionuevo, exministro del Interior socialista, y Rafael Vera, quien había sido secretario de Estado de Seguridad, condenados y en prisión por malversación y por el secuestro de Segundo Marey.

Por aquel entonces, desde el PP mostraban su “máximo respeto” por Garzón, como dijo Federico Trillo en el año 1997 durante una entrevista. Años después, era el mismo Trillo el que, a las puertas de la Audiencia Nacional, recordaba la “trayectoria inequívoca de Garzón y su constante animosidad contra el PP”. Acababa de interponer una recusación contra el juez por investigar la trama Gürtel que implicaba a altos cargos del partido entonces presidido por Mariano Rajoy.

No era el PP el único que quería apartar al magistrado de una causa. En 2008, Garzón se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo, caso del que terminó inhibiéndose apenas un mes después.

Sin embargo, organizaciones ultraderechistas olieron sangre y se lanzaron contra él, acusándole de prevaricación. El Supremo admitió las querellas y Garzón se vio envuelto en un proceso judicial que buscaba sacarlo de la Audiencia.

Su situación se complicó aún más cuando el Supremo también admitió la querella del abogado de uno de los imputados en la Gürtel, que acusó al magistrado de prevaricar y vulnerar la intimidad de los implicados por ordenar escuchas entre ellos y sus letrados.

Dos causas judiciales que convirtieron a Garzón en mártir para la izquierda y verdugo para la derecha. Se sucedían las manifestaciones a favor del juez de organizaciones y partidos de izquierdas y las declaraciones en contra desde el PP.

También obtuvo la solidaridad de muchos fuera de España, ya que su figura se había hecho mundialmente conocida cuando, en octubre de 1998, dictó una orden de detención contra el dictador chileno Augusto Pinochet, que se encontraba en Londres. Le acusaba de genocidio, terrorismo internacional, torturas y desaparición de personas durante la dictadura en Chile. El caso acabó con Pinochet sentándose ante el juez en Reino Unido y siendo liberado meses después por decisión del entonces ministro del Interior británico.

Y llegó 2012. El Supremo confirmó en febrero que el caso de las escuchas había acabado con su carrera como juez y le inhabilitaba durante once años. El mismo Supremo le absolvió poco después por la investigación de los crímenes del franquismo.

Ya era tarde. El juez Garzón ya era el exjuez Garzón.

Pero él siguió luchando por su razón. Lo hizo en entrevistas televisivas, donde mantuvo que el Supremo había creado el delito por el que lo condenaron sólo para él.

Y lo hizo en 2016, cuando presentó una demanda contra su inhabilitación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por vulneración del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este organismo admitió su denuncia en febrero de 2020 y ahora le ha dado la razón.

Ahora el juez más famoso de España quiere volver a su puesto en la Audiencia Nacional. Aun así, no está en su mano, ya que todavía no se han cumplido los once años de inhabilitación y dado que el informe del Comité de la ONU no es vinculante jurídicamente. Medios especializados aseguran que será el Consejo General del Poder Judicial el que decida sobre ello.

El exjuez quiere volver a ser juez. Nunca es tarde.