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Por otro lado, destacó la aplicación de un nuevo sistema de fiscalización denominado SISCA y la coordinación con la DGI.

El presidente del BPS, Ernesto Murro, compartió con la Secretaría de Comunicación, detalles del plan de trabajo inspectivo que se lleva adelante durante la temporada estival en los departamentos de Canelones, Maldonado y Rocha.

Su objetivo, en primer lugar, es recuperar derechos para los trabajadores y sus familias, y obligaciones para las empresas, dijo el jerarca. La operativa consiste en atender a las empresas de temporada, sin dejar de lado a las instaladas de forma permanente, en particular a las relacionadas con la industria y el comercio sin descuidar los sectores de construcción o el trabajo doméstico.

El plan comienza a implementarse en el mes de noviembre con un objetivo de 2.350 actuaciones en total, que son efectivizadas por 55 personas (5 jefes, 45 inspectores y 5 administrativos) que instalan oficinas como centros operativos en Atlántida, Piriápolis, Maldonado, La Paloma y Chuy.

Murro informó que al 10 de enero se concretaron unas 1.500 actuaciones, distribuidas en 36 balnearios, y se realizaron inspecciones en fiestas y megafiestas, junto a la DGI. Entre el 16 de diciembre y el 10 de enero se efectuaron 782 actuaciones, 400 en Maldonado, 300 en Rocha y el resto en Canelones. Destacó que todos los operativos se desarrollaron con normalidad, al igual que en años anteriores.

De esos 782 operativos, 268 están terminados y solo el 29 % de ellos presentó irregularidades, destacándose en la mayor parte de ese porcentaje, la falta del registro empresarial, seguido de ocultación de personal y moras en los pagos.

Como novedad, el jerarca dijo que se utilizó, por primera vez, un sistema clasificador de empresas a fiscalizar —que selecciona en base a una serie de parámetros previos— denominado SISCA, con el cual se determinó la inspección en 330 empresas.

Recordó que también se realizan cerca de 1.300 operaciones “rastrillo” o zonales, en barrios y pueblos, de los cuales ya se concretaron 800; otras 450 provienen de denuncias de trabajadores, de otras empresas o para aprobar años de trabajo destinados a jubilaciones.

Otro aspecto destacado por Murro fueron las reuniones previas mantenidas con las cámaras empresariales para determinar el plan de inspecciones de temporada y con algunas empresas que fueron visualizadas como potenciales infractoras.

Finalmente, el jerarca reflexionó sobre la incidencia positiva de las fiscalizaciones en la reducción de los niveles deinformalidad que presenta el país desde hace varios años. “Uruguay está en la tasa más alta de formalidad de trabajadores de su historia. Hemos bajado la informalidad del 40 % al 18 % medida en puestos de trabajo”, resaltó.

(fuente: Presidencia de la República)