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El gobernante carolino asumió la incapacidad de intervenir con efectividad en las decenas de denuncias que reciben cada madrugada por ruidos molestos y disturbios ocasionados en fiestas organizadas en casas particulares.

El alcalde admitió que “se venden drogas y alcohol” y que asisten menores de edad, pero sostuvo que la ley impide tanto a los inspectores como a la policía ingresar a casas particulares en horario nocturno.

No tuvo andamiento este verano la propuesta lanzada por la comisión vecinal de La Barra, en acuerdo con los gobernantes, de que las inmobiliarias incluyan en sus contratos una cláusula que permita a los propietarios expulsar a los inquilinos en estos casos.

Entretanto, se aplican sanciones económicas que parten de las 2 UR la primera vez y que aumentan a 8, 16, 32 y 64 en casos de reincidencia. El alcalde y el jefe del equipo de inspectores Heber Corbo, explicaron en FM Gente que la tercera sanción habilita a radicar una denuncia judicial por desacato a la autoridad municipal.

Sin embargo, Quintana sostuvo que los infractores son jóvenes de alto poder adquisitivo que se juntan en grupos de cuatro o cinco para alquilar las residencias y tienen pleno conocimiento de las normas vigentes. “Los que vienen a hacer esto conocen las normas y las leyes mejor que nosotros. Es gente de mucho dinero y muy bien asesorada, que sabe que hay un vacío legal y por eso lo hacen”, sostuvo el alcalde.

En lo que va de este verano se aplicaron 41 multas a casas particulares y nueve a comercios por violación a la normativa. Este viernes o a más tardar el lunes, el municipio radicará cuatro denuncias penales por desacato.

Los procedimientos cuentan con el aval de la dirección de Asuntos Legales de la Intendencia de Maldonado pero, de todas formas, el municipio ha recibido quejas y llamadas de abogados de propietarios que rechazan estas medidas.

Según Corbo, en los últimos cuatro años este tipo de incidentes aumentaron un 400% y es imposible actuar con eficacia con la normativa vigente. Considerando que también en Montevideo se registraron estas situaciones durante el invierno, el alcalde confía en buscar una alianza con gobernantes montevideanos para llevar un planteo común a los legisladores nacionales.

Básicamente, necesitan habilitación legal para ingresar a las propiedades, señalaron. Por otra parte, iniciarán contactos con ediles departamentales para aumentar el monto de las multas económicas.

También habría que incrementar el personal asignado a este tipo de tareas: apenas un equipo de tres inspectores está asignado a atender denuncias e intervenir en la juridiscción costera que va desde los puentes de La Barra hasta el balneario Santa Mónica, poco antes de José Ignacio.
mr