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“Ha aprobado normas integrales contra la trata de personas, ha creado el Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas. Asimismo hay que destacar que el gobierno no ha cumplido con las normas mínimas en varias áreas clave”, señaló.

“Funcionarios policiales e Inspectores de trabajo no identificaron víctimas de manera proactiva y sistemática y el Gobierno no tuvo servicios adecuados para las víctimas. Los intentos de enjuiciar y condenar a presuntos tratantes fueron insuficientes; el gobierno no condenó a ningún tratante por segundo año consecutivo y solo ha condenado a cinco tratantes en los últimos seis años, por lo que es recomendable brindar servicios acordes, incluidos los refugios, con especial énfasis en las víctimas que se encuentran fuera de la capital”, dijo la edila.

INCREMENTAR CAPACITACIÓN

“Es recomendable aumentar la capacitación para los funcionarios policiales, Inspectores de trabajo, Prefectura, Fiscales, Jueces y trabajadores sociales para identificar y ayudar de manera proactiva a las víctimas de trata con fines de explotación sexual y laboral, incluida la búsqueda de víctimas entre trabajadores extranjeros y personas que ejercen la prostitución”, aconsejó.

Afirmó que hay que “investigar y enjuiciar con firmeza casos de trabajo forzado, prostitución forzada de adultos y trata infantil con fines de explotación sexual. Hacer responsables a los tratantes mediante condenas acordes con la gravedad del delito. Capacitar a funcionarios policiales, Jueces y Fiscales en la irrelevancia de consentimiento inicial para ejercer la prostitución, así como otras formas de coacción además de la restricción física”.

Además, expresó que se debe “asignar fondos para la aplicación de la Ley contra la trata y el Plan de acción nacional” y “llevar adelante inspecciones proactivas a bordo de buques de bandera extranjera que se encuentren en aguas uruguayas y en el puerto para buscar indicadores de trata entre los trabajadores extranjeros”.

Asimismo, hay que “desarrollar y poner en funcionamiento un sistema de recolección de datos para llevar estadísticas oficiales sobre diligencias para hacer cumplir las normas contra la trata de personas e identificar a las víctimas” y “aumentar la cantidad de campañas públicas de sensibilización para informar al público sobre la trata de personas y los servicios que están disponibles para las posibles víctimas. Estudiar la aprobación de normas que obliguen a los buques pesqueros extranjeros a registrarse en el país y a regirse por las leyes laborales uruguayas”. Pidió, además, “revisar la definición de trata de personas vigente en el marco legal uruguayo para adaptarla a la que figura en el Protocolo de la ONU del año 2000 contra la trata de personas”.

NO SE RECOPILARON DATOS GLOBALES

“De la misma forma el gobierno no recopiló datos globales sobre su trabajo para hacer cumplir las leyes contra la trata de personas y no tuvo un sistema para hacer el seguimiento de los casos que se encontraban en la órbita judicial. En 2018 el Gobierno inició 17 investigaciones de trata: tres por trata con fines de explotación laboral y catorce por trata con fines de explotación sexual. El Gobierno informó que se obtuvieron cuatro procesamientos: uno por trata con fines de explotación sexual y dos por trata con fines de explotación sexual o laboral; no se supo por qué fue el otro. El Gobierno no condenó a ningún tratante”, detalló.

De Armas sostuvo que “la Unidad de Género de la Fiscalía General de la Nación se centró en investigar y enjuiciar delitos relacionados con la trata y la explotación infantil. Las autoridades no informaron que hubiera habido investigaciones, procesamientos o condenas de funcionarios públicos que hubieran sido cómplices de delitos de trata de personas. Las autoridades informaron que hubo dificultades para someter a juicio los casos de trata porque las víctimas inicialmente dieron su consentimiento para ejercer la prostitución y en la mayoría de los casos no hubo restricción física. El gobierno no informó sobre instancias de capacitación para funcionarios policiales, Jueces o Fiscales sobre la irrelevancia del consentimiento inicial para ejercer la prostitución o sobre cómo lidiar con casos que incluyan formas de coacción que no sean la restricción física”.

“Si hablamos de protección tenemos que decir que el gobierno mantuvo un nivel de trabajo inadecuado, para ser generosos, sobre este tema”, consideró.

SERVICIOS DEL MIDES

“El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) fue el principal proveedor de servicios para víctimas de todos los delitos, pero no existieron en Uruguay servicios especializados para víctimas de trata. El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) estuvo a cargo de asistir a víctimas menores de edad, niños y adolescentes. En el año 2018 se identificaron 95 víctimas. No quedó claro quién identificó a esas víctimas ni cuántas de ellas fueron víctimas de trata con fines de explotación sexual o de trabajo forzado. El MIDES informó que asistió a setenta y dos víctimas de trata y que más de la mitad de ellas fueron víctimas extranjeras”, precisó.

Añadió que “el INAU informó que asistió a 23 víctimas de trata con fines de explotación sexual a menores de edad. El gobierno tuvo protocolos de protección a las víctimas y mecanismos de derivación escritos sobre asistencia a las víctimas. Agencias de la sociedad civil y del Gobierno trabajaron conjuntamente para brindar servicios a víctimas de sexo femenino. Sin embargo, algunas organizaciones expresaron preocupación por la falta de formalidad en la derivación de víctimas. La nueva ley contra la trata de personas creó un sistema de respuesta interinstitucional que estableció una ruta de derivación para casos de trata”.

Expresó que “el gobierno y la sociedad civil siguieron operando un equipo móvil con catorce integrantes que incluyó Psicólogos, trabajadores sociales y Abogados y respondió a casos que se dieron en el interior del país. Funcionarios del Gobierno tuvieron algunas instalaciones que pudieron alojar temporalmente a las víctimas. Sin embargo, la sociedad civil informó que los servicios del Gobierno se centraron principalmente en asistencia psicosocial y legal, pero que los servicios a largo plazo ‒como vivienda, apoyo vocacional y asignación laboral‒ fueron insuficientes, además de existir dificultades para encontrar refugio para víctimas de trata, en especial para aquellas que fueron identificadas fuera de la capital”.

“Hay que señalar que el gobierno, dentro de sus cosas, ha aumentado las tareas de prevención y llevó adelante tres campañas de sensibilización en conmemoración de días nacionales e internacionales en la lucha contra la trata de personas, además de sumar una línea directa gratuita que funciona las veinticuatro horas que deriva a las víctimas a la Policía o al MIDES, pero está omiso en informar cuántas llamadas estuvieron relacionadas con casos de trata. Queremos dejar en claro que nuestro país no deja de ser un camino a otros destinos para que se siga ejerciendo la trata de personas, particularmente a Argentina", aseveró.