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El diputado Pérez dijo, en la sesión de Diputados que se había “enterado hace unos días del remate del 40% de los padrones de la cima del Cerro de los Burros” previsto para el pasado jueves 24 de octubre y que fue suspendido en virtud de presentarse un recurso de amparo ante la justicia, el cual se dirimirá a partir de este lunes.

“Se trata de 25 hectáreas de monte nativo y de abundante flora y fauna con características particulares en la costa del Río de la Plata, sumándose a esto el de ser uno de los lugares de indudable interés arqueológico, de los más importantes del país, con una antigüedad estimada de más de 10.000 años, un verdadero patrimonio cultural inestimable”, expuso.

Agregó que “también el paisaje tiene características casi únicas en la costa uruguaya”, y refuerza esta valoración recordando que “fue declarado hace unos meses como Patrimonio Departamental”.

POR 220 MIL DÓLARES

Pérez narró que “desde 2006 ingresó un expediente en la comisión de Patrimonio Cultural de la nación para obtener la declaración de Monumento Histórico Nacional”, según consta en el expediente 50/2006, el que está “aún en espera de resolución”.

“El remate por cuenta y orden de la Copab (Corporación de Protección del Ahorro Bancario) tendría una base, según nos dicen, de 220.000 dólares”, señaló Pérez, poniendo en evidencia cómo se coloca en riesgo la pérdida de un patrimonio nacional por una cifra que no resolverá ningún problema de fondo de quién promueve la iniciativa de enajenación.

El legislador solicitó “la suspensión del mismo (remate) para dar tiempo a pensar soluciones entre el gobierno nacional y departamental que permitan conservar este rico patrimonio de los orientales”, y solicitó se enviara copia de su reclamo “a la Presidencia de la República y al ministerio de Economía y Finanzas con destino al Banco Central del Uruguay”.

ASENTAMIENTOS

Otro de los planteamientos de Pérez fue dirigido al Programa de Mejoramiento de Barrios, PIAI, dependiente del ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, en el que opinó que hay condiciones para llegar a una plena regularización de la situaciones de los habitantes que viven en asentamientos en Maldonado.

“Hace ya más de doce años que el PIAI se instaló en el departamento de Maldonado e involucró a los barrios América, Elisa, San Jorge y otros espacios, transformándose con el tiempo en una política de Estado, más allá de algunas modificaciones que ha tenido”, expuso.

Agregó que “para el gran desorden territorial de asentamientos y la necesidad de realojo de áreas inhabitables, este Plan representó una buena solución en la que muchos vecinos participaron activamente”.

“Ya terminada la mayoría de los procesos, no menos de 300 familias de los barrios mencionados esperan hacerse de los títulos”, dijo.

Denunció que “el proceso era llevado adelante por escribanos contratados por el PIAI y ha sido interrumpido supuestamente por la suspensión del pago de sus honorarios desde hace ocho meses”.

“Cabe, entonces, escuchar a quienes quieren formalizar su situación y agilizar lo necesario con respecto al pago de los honorarios profesionales, terminando un largo proceso de ordenamiento territorial con gran participación de los vecinos, que quieren ver, al fin, coronado tanto esfuerzo”, redondeó, y solicitó el envío de sus palabras al ministerio de Vivienda y al PIAI.

A ALAMBRAR EN SAN CARLOS

El tercer reclamo de Pérez fue dirigido a los animales sueltos a pastar junto a las rutas que se transforman en potenciales peligros para los automovilistas y sus acompañantes que circulan por esas vías.

“Ni la Policía Caminera, ni la Policía, ni la Guardia Rural, por lo menos en Maldonado, cuentan con elementos adecuados para solucionar los diferentes casos”, dijo, ubicando ya el problema en su departamento.

Después de repasar cómo algunos vecinos “piernas” colaboran para reducir los riesgos, Pérez dijo que “no solo es complicado agarrar a los animales o tropearlos, sino saber dónde se dejan y en manos de quién”.

“En el caso de del departamento de Maldonado hay dos lugares:uno es el Rincón de San Rafael en Maldonado y, el otro, la tradicional Alameda, en San Carlos, donde siempre se recurrió a dejar a los animales sueltos”, ilustró.

Amplió que la Alamedad de San Carlos “no hay encargado y, además, extensas áreas de alambrado están en el suelo”, deslizó.

Finalmente, al pedir el envío de sus palabras al ministerio del Interior, a las autoridades policiales, y también incluyó “a la Alcaldía de San Carlos para la reparación de los alambrados, que hay rebaños en ese privilegiado y extenso campo perteneciente al municipio de la época de la fundación de nuestra ciudad”.