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En su exposición ante la Junta Departamental, Delgado dijo que “en el año 2008 se aprobó ene l parlamento un proyecto de ley, vigente desde entonces, del que recientemente nos venimos a enterar que, para algunos, tiene un grave defecto, es inconstitucional. Y lo que es peor, nadie lo había advertido”.

Destacó que el proyecto, promovido por la AGESIC, fue votado por legisladores frenteamplistas, blancos y colorados, en el marco de un consenso partidario.

Agregó que prácticamente nadie demostró disconformidad por “una simple razón: la ley es muy buena”, ya que “da garantías a la prensa, a la oposición y a cualquier ciudadano”. Consideró que evita que se oculte información y suma “democratización al sistema político”.

Delgado dijo que así se ha venido cumpliendo, “hasta que volvió Antía al departamento de Maldonado… Entonces no contesta los informes hechos. Los repite la Junta Departamental y tampoco los contesta. Se realizan por la ley de acceso a la información pública y a la Dra. Graziuso se le ocurre que los ediles no lo pueden pedir a través de esta ley… Y cuando por nuestra demanda tienen que acudir a la información, entonces inventan un recurso de inconstitucionalidad”.

Además, criticó que se haya decidido utilizar el dinero de la IDM, que “no es de ellos”, para realizar consultas jurídicas “favorables”. Informó que, sobre este tema, presentó ya un pedido de informes “para ver cuánto costaron esas consultas”.

El edil señaló que, Antía, “así como no quiere decir qué hay de especial en esas cámaras que compró directamente por 18,5 millones de dólares, sin licitación, y cómo eligió a esa empresa, tampoco quiere informar de la economía de la Intendencia, de la Fundación A Ganar, esa inmensa agencia de colocaciones, llena de contratos”. Añadió que tampoco quiere informar “de los ingresos del personal y de los familiares contratados” ni sobre “aquellos integrantes del gobierno que vienen en comisión de otros organismos en comisión y cobran diferencias salariales en forma muy dudosa, legalmente”.

“Y por si fuera poco, amenaza con la destitución de los ediles porque estarían tramitando asuntos de terceros. Es el olmo del delirio lo que hace la directora de Jurídica del gobierno departamental del Partido Nacional”, afirmó. De forma irónica, dijo a los ediles que deberían avisarle a los diputados de sus respectivos partidos que “cada vez que usaron esa ley cometieron una inconstitucionalidad y son pasibles de ser destituidos”.

“¿No hay nadie que le diga que ese exabrupto jurídico atenta contra la democracia, contra la República, contra el ordenamiento institucional básico de este país, donde roge una Estado de Derecho?”, se preguntó.

Destacó que no se va a detener “con estas dilatorias. Confiamos porfiadamente en la justicia y la legalidad. Su autoritarismo y secretismo propio de otras épocas, felizmente superadas, no van a triunfar. Vamos a seguir insistiendo en los fueros de los ediles y de la Junta Departamental, que oficialismo avasalla por acción de allá y omisión de acá. Vamos a seguir reclamando que la Junta no sea ilegalmente ignorada cada vez que sea hacen vergonzosas ilegalidades, transacciones ocultas para favorecer a particulares y/o amigos del gobierno”.