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Ante la denuncia de cuatro funcionarias, la Institución realizó una investigación y a principios de agosto emitió la resolución 407/2016 que recomienda su restitución y la adecuación de la política de recursos humanos a las normas de transparencia vigentes pero el ejecutivo departamental hace caso omiso al organismo perteneciente al Poder Legislativo.

Los motivos esgrimidos por las denunciantes son la falta de transparencia en el proceso de selección y la ausencia de motivación para no renovar contratos de personas que habían ganado sus cargos por concurso, que tenían mejores calificaciones y mayor antigüedad que otros funcionarios que aún trabajan en la Intendencia Departamental de Maldonado, se apuntó

“Una de las damnificadas que compareció ante la INDDHH estaba embarazada al momento del cese y paradójicamente se desempeñaba en el área de Género cuyo cometido debería ser bregar por la equidad entre mujeres y hombres. Sin embargo, la destitución alcanza a jefas de hogar con menores a cargo que habían obtenido los primeros lugares en los concursos por los que habían ingresado a la administración”, se indicó en un comunicado.

Se señaló que “sus cargos fueron ocupados por personas ingresadas por designación directa del intendente Enrique Antía, con parentesco y/o participación en la campaña proselitista percibiendo remuneraciones muy superiores a las que recibían las denunciantes”.

El INDDHH sostuvo que como parte del proceso de investigación, la Intendencia dio respuesta a lo denunciado esgrimiendo que el procedimiento estaba amparado en el poder discrecional que tiene el intendente de contratar o rescindir contratos. Aludiendo a una racionalización administrativa pero que no cumplió con los requisitos establecidos en el decreto 3881/2011 vigente a la fecha de los ceses.

Para la INDDHH la resolución 09041/2015 de la Intendencia de Maldonado “efectivamente produjo una afectación del derecho al trabajo de los/as funcionarios/as cesados”, ya que quienes se vieron alcanzados por ella perdieron su fuente laboral.

En base a dichos argumentos, el Consejo Directivo de la INDDHH resolvió recomendar a la Intendencia de Maldonado:

En primer término que revise “los procedimientos que determinaron el cese de la relación funcional de las personas comprendidas en la resolución 09041/2015 adecuando sus actuaciones a los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad”. Recomendación que abarca a las 18 personas cesadas.

En segundo lugar le indica que reintegre a las cuatro funcionarias denunciantes en las mismas condiciones que se encontraban antes del cese y de esa manera “repare la vulneración de derechos de las personas denunciantes”.

Y finalmente “la adecuación de la política pública de contratación y cese de funcionarios... adoptando criterios transparentes y confiables, en consonancia con las obligaciones de cualquier organismo del Estado Uruguayo, a nivel nacional o departamental”.

“Frente a esta resolución del organismo nacional que vela por los derechos de las personas resta saber qué medidas tomará la Intendencia de Maldonado. Y qué responderá cuando el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de seguimiento a la recomendación”, destacó la nota oficial.