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Como se ha informado, la Junta de Maldonado tratará esta noche el pedido de expropiación de dos terrenos en la zona de El Jagüel, elevado por el intendente Enrique Antía, donde se proyecta realojar a las familias de los asentamientos Kennedy y El Placer.

Según afirmaron desde la comuna, se cuenta con el apoyo de los 16 ediles nacionalistas, por lo que el proyecto tiene todas las posibilidades de ser aprobado. Y si esto sucede, la comuna fernandina se encamina a enfrentar un juicio con los propietarios y afectados, que superaría los US$ 100 millones, según se maneja por parte de los dueños de las tierras.

Los propietarios alegan que los trámites se hicieron con “premura”, pero Lussich señaló son “son puntos de vista”, pues para la Intendencia se efectuaron con “la debida diligencia”, según los acordado por el Partido Nacional y el gobierno departamental. “Es un tema que lleva un proceso largo” y sostuvo que “los períodos de gobierno son cortos. Si no empezamos a aplicar las acciones para solucionar el problema que aqueja a estos vecinos desde hace unos 50 años, evidentemente no podemos llegar a un buen término”, subrayó.

Por otra parte, señalo que, aunque los propietarios de los terrenos para el realojo digan que no hay ningún acuerdo, el Ministerio de Vivienda está al tanto de este plan, al igual que las máximas autoridades del gobierno. “Y nosotros no tenemos por qué dudar del compromiso que tiene el Ministerio para realojar los asentamientos en Maldonado: el Placer, el Kennedy. Vamos a trabajar en el San Antonio 4, como se está haciendo ahora, y en la mediad de los posible, en Los Eucaliptus”, indicó.

En tanto, propietarios e inversores de la zona del Jagüel que se consideran damnificados piensan recurrir la aprobación de la expropiación por considerarla ilegal y demandarán a la comuna no solo en reclamo de un pago superior por las tierras, sino también por daños y perjuicios.

"Los ediles están votando sabiendo de que está mal y conociendo la alternativa de los propietarios de que sea costo cero", dijo el abogado Mauricio Fioroni a El Observador.

Por su parte, Adriana Graziuso explicó a FM GENTE que, “ese terreno forma parte de lo que se llama ‘Paisaje de Maldonado Este’. En el propio plan del eje Aparicio Saravia dice que esta área debe ser consolidada, reestructurada urbanamente y equipada, para que constituya la nueva fase barrial homogénea de Maldonado. Y se refiere en artículos siguientes a toda la estrechura que está unida con Avenida Aiguá”. Destacó que “el ‘barrio jardín’ está pensado y así se hará con este realojo”.

Trascendió que la Intendencia pagaría por las tierras de El Jagüel, adonde se piensa trasladar a las familias, unos US$ 5 millones en total. Sin embargo, los dueños de los padrones a expropiar alegan que las 40 hectáreas frente al aeropuerto El Jagüel, que cuentan con proyectos inmobiliarios, valen unos US$ 30 millones. Por eso se disponen a recurrir la expropiación y el precio, y en caso de que sea desestimada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pedirán también una compensación por los daños causados, que podría elevar la suma del juicio a más de US$ 100 millones, dijo uno de los abogados de los propietarios Mauricio Fioroni.

Ante esto, Graziuso dijo que “todo se ha hecho a conciencia, dentro de las normas legales. El inicio de acciones no se lo podemos impedir a nadie… El tema es que después tengan éxito. No lo tomamos como una amenaza, sino como realidades que se pueden dar… Pero eso no nos inhibe de seguir actuando, porque entendemos que estamos dentro de la legalidad”.

Asimismo, negó que no se vaya a poder comenzar los trabajos hasta que termine el juicio de expropiación. Dijo que el pedido “de urgente posesión” habilita iniciar las obras. Explicó que el juicio de expropiación refiere únicamente a la indemnización o el precio.

Lussich apuntó que esto mismo pasó con las expropiaciones para la ruta perimetral, que aún no están terminadas. Al ser consultado si hay un trasfondo político, el jerarca señaló que “ha vuelto a funcionar en Maldonado ‘la máquina de impedir’, que estaba guardadita durante 10 años. Son absolutamente menores todos los argumentos que se ponen para impedir esta expropiación. Pero lo más increíble es que lo que se busca es impedir la mejora en la calidad de vida de cientos de familia del departamento, que por una razón u otra hoy ni tiene una calidad de vida mínima y digna”.

Dijo que, además, se soluciona un problema para el turismo de la zona y afirmó que los vecinos están de acuerdo en el realojo, según el trabajo realizado por los técnicos de la Intendencia.

Sobre el precio a pagar por los terrenos para el realojo, Graziuso explicó que “es el valor basado en los terrenos de la zona y en las últimas transacciones. Yo no puedo dar las cifras, porque eso consta en un expediente judicial”, argumentó.

Lussich también declaró que “es una infamia” decir que “se va a va a cerrar Aparicio Saravia para separar a los nuevos vecinos”. Explicó que lo “único se ha hablado es que hay una calle, la continuación de Avenida Aiguá, en la intersección con Aparicio Saravia, que es un cruce peligroso, que a veinte metros tiene el cruce con la avenida perimetral… Y se ha hablado de cerrar ese cruce, por un problema de seguridad vial. Y con eso han inventado una novela de que queremos segregar a los vecinos, poner un vallado. Eso es absolutamente falso”, aseguró.