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Según publica este domingo El País, el plazo para hacerlo es de 90 días, a partir de que se haga la notificación

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El fallo de la Justicia determina, por primera vez en la historia del departamento de Maldonado, la demolición de un lujoso edificio sobre el mar.

. La sentencia emitida el 19 de diciembre de 2013, puso fin así a un largo proceso judicial y administrativo, promovido por una vecina del lugar, quien se opuso a la construcción del edificio sin que se cumpliera con todos los trámites de rigor.

En esta instancia, el máximo órgano jurisdiccional desestimó el recurso de casación del inversor del edificio, Guillermo Timossi, contra un fallo en segunda instancia que ordenó la demolición, entre otras medidas. La Suprema Corte desestimó también otro recurso de casación presentado por la Intendencia de Maldonado.

En el año 2012, el Tribunal de Apelaciones de 1º turno confirmó la sentencia en primera instancia que ordenó la demolición, aunque revocó parte de la misma al condenar a la Intendencia a aplicar una multa equivalente a un quinto del valor de la contribución inmobiliaria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 62º de la Ordenanza de Construcción, por tratarse de una construcción ilegal.

El fallo en segunda instancia obligó también a la Intendencia de Maldonado a comunicar tanto a la Dirección Nacional de Catastro como a la Dirección General de Registros, la anulación del permiso de construcción del edificio resuelto por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

El fallo de la Suprema Corte de Justicia desestimó el reclamo de Timossi, porque no recurrió la sentencia de primera instancia que le fue desfavorable. En cuanto al recurso interpuesto por la Intendencia de Maldonado, la Corte sostuvo que el gobierno departamental deberá concurrir a la sede judicial de turno y solicitar la demolición, tal como lo establece el artículo 69º de la Ley de ordenamiento territorial.

El fallo recordó que la sentencia del Tribunal de lo Contencioso que anuló el permiso de construcción, radicó en la violación "de una norma prohibitiva", que exigía a quien tramitara el referido permiso, la exhibición de la autorización del Ministerio de Vivienda, a través de su Unidad de Evaluación de Impacto Ambiental.

En mayo de 1999, la Intendencia de Maldonado había concedido al inversor Guillermo Timossi el permiso de construcción del edificio Balleneros. En el 2000 Timossi transfirió el dominio del padrón a la firma Megasir S.A.

Después de que esta empresa presentara plano de mensura de fraccionamiento de la propiedad horizontal, y se completara la habilitación de bomberos, en diciembre de 2002 la Intendencia remitió a la Junta Departamental el pedido de anuencia para ampliar en 24 m2 el último piso del edificio, cosa aceptada en mayo de 2003.

Un mes después la Intendencia concedió nuevo permiso, y tres días después, el 23 de junio de 2003, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) anuló el permiso de construcción del edificio ante denuncia de una vecina, que se consideró afectada por la altura del Balleneros, que le impedía ver el mar y la puesta de sol, causándole "daño moral", según entendió la Justicia.

En agosto de 2003, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo notificó a la Intendencia sobre la anulación del primer permiso de construcción. Un motivo fue la no solicitud de autorizaciones previstas en el Código de Aguas, y también la altura de la construcción

En julio de 2007, la vecina que radicó la demanda, inició acciones en el juzgado civil de 7º turno para hacer cumplir el fallo del TCA que anuló el permiso de construcción, cosa que ella reiteró en 2011.

El 29 de febrero de 2013, elTribunal de Apelaciones de 1º turno desestimó el recurso de Timossi y de la Intendencia contra el fallo que obligaba a demoler el edificio.

El 19 de diciembre del pasado año, la Suprema Corte de Justicia mantuvo firme el fallo que determinó la demolición del edificio.


Fuente: El País (Marcelo Gallardo)

Foto: El País (Ricardo Figueredo)