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Alicia Martínez, integrante de asociación de ex presos políticos Crysol, dijo a FM Gente que las madres y familiares de desaparecidos, “que son casi 200 en este país, y que permanecen secuestrados, porque es un delito de lesa humanidad y no han aparecido, convocan a la sociedad uruguaya a hacerse presente. Sólo han aparecido cuatro. Y nosotros, aquí en Maldonado, intentamos replicar la marcha”, agregó.

“Este año hay tres marchas en el departamento. Todas salen a las 17 horas. Tenemos una en Pan de Azúcar parte desde el Parque de Lizarza y Ruta 9. En Piriápolis se concentran en Plaza Artigas. Y nosotros salimos de Zelmar Michelini y Gutiérrez Ruiz, esquina emblemática, porque ambos fueron asesinados un 20 de mayor junto a otros dos compañeros, y estaremos marchando hacia la Plaza, como todos los años”, informó.

También remarcó que, en los últimos días, han ocurrido varias cosas que “rozan” el tema de los derechos humanos. Por ejemplo, citó que España autorizó la extradición del capitán Eduardo Ferro, “un habitante de Maldonado, responsable de crímenes de lesa humanidad en nuestro país”. Dijo que “incluso llegó a secuestrar niños”, por lo que “es un paso” que sea extraditado y vaya a juicio.

Por otra parte, resaltó que esta semana se inauguró el Memorial del Penal de Libertad. “Concurrimos con un ómnibus entero desde Maldonado, con hijos y nietos... Algunos compañeros ya no están para ir. No están porque murieron. Pero la familia de los presos políticos de este país nos reunimos para recibir esta reparación simbólica que el Estado uruguayo está haciendo con todos aquellos que sufrieron la prisión y la tortura en ese lugar nefasto”, destacó.

Martínez resaltó, asimismo, que esta tarde, en el Campus de Maldonado, Villa Española va a salir “con la camiseta de ‘Somos todos familiares’…. Y eso nos lleva al futbol. Porque se acaba de saber que la AUF no llevará a Miguel Zuluaga al Mundial “, remarcó. Como se informara, la medida se tomó porque el jefe de seguridad de la selección fue acusado por organizaciones sociales de cometer violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.