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El juez de feria de Maldonado, Diego González Camejo, ordenó a las fuerzas de seguridad colaborar con el personal municipal a cargo de clausurar al menos cuatro megafiestas previstas entre los días 28 y 31 de diciembre en distintos puntos de la costa de Maldonado, informó el diario El País.

El magistrado ofició al Ministerio del Interior y a la Prefectura Naval para que apoyen a la comuna con personal de la Guardia Republicana y de Prefectura para frenar las denominadas "fiestas truchas", que no cuentan con autorización.


ACUERDO HOMOLOGADO


González Camejo homologó el acuerdo alcanzado este martes entre la Intendencia de Maldonado y la firma Campo Vallador, que tiene a su cargo la realización de cuatro fiestas que sí cuentan con las autorizaciones correspondientes. Esta empresa tramitó un recurso de amparo ante la juez titular del Juzgado Civil de 5º turno de Maldonado, Ivon Olivera Kmaid, por entender que las fiestas truchas se llevan adelante sin ningún tipo de control por parte de las autoridades.

En la sede, el magistrado actuó en su condición de juez de feria al instruir el recurso resuelto por su colega de intimar a la Intendencia para que ejerza su control de policía para evitar que se realicen las citadas fiestas. De la audiencia participaron abogados municipales y representantes del Ministerio del Interior y de la Prefectura.

"Llegamos a un acuerdo con la Intendencia, que fue homologado por el juez, que ordenó a los funcionarios que se prohíba la realización de las fiestas que no cuenten con la autorización correspondiente municipal, de la Policía, de Bomberos y que además no tengan seguridad privada y emergencia médica, entre otros servicios", dijo el abogado Pablo Correa, asesor legal de la empresa.

El abogado aseguró que en Argentina se venden entradas por internet para las fiestas truchas. "No existe la entrada como ocurre con una fiesta autorizada. Mandan un código QR a cada celular. Por esto no hay control ni de la DGI ni del BPS. No existe el troquelado. Estas fiestas son un peligro", advirtió.

Correa señaló que estos eventos son tan improvisados que quien compra la entrada no sabe dónde se va a realizar. "El lugar será conocido por cada cliente un rato antes de empezar, mediante un aviso por Whatsapp. Cualquier padre pondría el grito en el cielo si se entera que su hijo va a una fiesta que carece de todo tipo de medidas de seguridad y de atención médica. Puede pasar cualquier cosa", expresó el representante de Campo Vallador.

La firma demandante de la acción de amparo organiza varias de las principales fiestas previstas para estos días. La primera es la White & Black prevista para el 30 de diciembre en una chacra de la Ruta 104, pero la más importante es la Box Punta del Este, que convocará a unas 7.000 personas el 31, en el predio Los Caracoles de Camino Aparicio Saravia. También la Pixel, la misma noche, en la sociedad criolla "Los Ceibos"

En tanto, el director de Higiene de la Intendencia, Jorge Píriz, adelantó a El País que este jueves habrá una reunión de trabajo para prevenir este tipo de eventos. "Nos reunimos con representantes de la Policía, de Bomberos y de la Prefectura para coordinar la forma de clausurar las fiestas sin autorización", dijo.

GRAZIUSO: ESTO IMPLICA MUCHO RIESGO PARA LA GENTE

Sobre este situación, la Dra. Adriana Graziuso, directora de Asuntos Legales de la IDM, dijo que los organizadores de estas fiestas no concurrieron a la instancia judicial, lo que “revela una desidia y una falta de voluntad para solucionar las cosas”.

“Y nos volvemos a preguntar lo mismo: ¿por qué no piden las autorizaciones? Porque la autorización implica estar al día en las medidas de seguridad”, lo que implica que “va a estar mal, no va a tener las mínimas condiciones… Ese es nuestro sentido de hablar en este momento y difundir esto. Porque implica mucho riesgo para la gente”.

Destacó que “las autorizaciones no valen nada” y “si no las tienen, por algo es”.

Graziuso explicó que la IDM tiene una labor inspectiva y luego tiene que pedir el auxilio de la fuerza pública –la Policía o la Prefectura, según corresponda- “en la eventual prevención de que se organice la fiesta o que luego disuada a los que concurren”. Pero destacó que, ahora, “el juez da una orden para que la fuerza pública auxilie a la Intendencia, O sea que está el aval de la justicia” y dispone la prohibición de que se realicen esas fiestas “bajo apercibimiento de desacato y otras acciones civiles”.

“Estamos hablando de un delito, porque hay una orden judicial, más allá de la orden de la IDM, que es administrativa y también puede configurar un desacato… Ya tenemos un paso más en cuanto a configuración de delito, que es la orden judicial”, subrayó.

La jerarca informó que, paralelamente, se dio aviso al fiscal penal de turno, para que investigue de dónde provienen las invitaciones a estas fiestas, con el fin de prevenir eventuales incidentes o daños a las personas. Recordó que el año pasado ya hubo un accidente en una fiesta que se organizó en camino Eguzquiza, ya que se cayó una tarima, aunque no hubo ninguna desgracia.

“Es la propia gente la que se tiene que cuidar… Nosotros tenemos el lista de las fiestas autorizadas. Llamando a la IDM, se les da esa información. Y el sentido común nos dice que si no sabemos dónde es el lugar, por algo es”, agregó.